En el marco del Día Internacional de las Remesas Familiares, que se celebra el 16 de junio, Genoveva Roldán, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc), refirió que las remesas constituyen alrededor del 10 por ciento del salario de los trabajadores migrantes.

Es decir, abundó, 90 por ciento de su sueldo se queda en la nación receptora (en donde habitan). Este dato es importante porque indica que la mayoría del salario se utiliza para enfrentar el costo de la vida, que es más del doble que en sus países de origen, y que esos recursos constituyen una fuente importante de impulso para el mercado interno.

La especialista del IIEc explicó que las remesas, que dependen de los mercados laborales de los territorios de destino, tienen un comportamiento cíclico. “Hubo un decrecimiento en 2015, de 2.7 por ciento, pero se comenzaron a recuperar a partir de 2016. Según instancias como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional, se pronostica que llegarán a alrededor de 630 mil millones de dólares a escala mundial”.

En el caso de nuestro país han aumentado porque han mejorado las condiciones del mercado laboral en EU, y los mexicanos inmigrantes están empleados y tienen la posibilidad de enviar dinero. Asimismo, los migrantes mandan sus ahorros debido a la amenaza de un posible impuesto que en algún momento mencionó el presidente Donald Trump, y ante la posibilidad de ser deportados.

Roldán aclaró que la tasa de crecimiento de las remesas en los últimos dos años es de entre 3.6 y 3.7 por ciento, muy lejana a las previas, de 2006, cuando era de entre 16 y 20 por ciento. En México apenas se están superando los niveles que se registraron ese año. Es decir, la tasa de crecimiento es la que ha caído, no el monto absoluto, que va hacia arriba y que en 2017 fue de más de 28 mil millones de dólares.

La universitaria explicó que 65 por ciento de las remesas se cobran en tiendas departamentales y puntos de pago, y sólo 35 por ciento en bancos. La mayoría de las familias receptoras se encuentran en entidades con alta exclusión financiera, como Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Chiapas.

Los costos de envío en México se ubican en alrededor de cinco por ciento, por debajo del promedio mundial de siete por ciento, pero por encima de la meta señalada por el BM, de tres por ciento. “En los primeros cinco años de esta década se pagaron entre cinco mil y ocho mil millones de dólares en tarifas a los servicios de transferencia de esos recursos”.

A escala mundial, las ‘remesadoras’ obtienen ganancias por más de 50 mil millones de dólares. Es un gran negocio, sin tomar en cuenta los gastos “ocultos”, como el tipo de cambio, y que muchos establecimientos donde se hacen los cobros se convierten en “tiendas de raya”.

En el sector de quienes perciben más de dos salarios mínimos se encuentran los hogares que reciben más remesas. “Esto tiene que ver con una falsa apreciación de que México es país expulsor porque hay muchos pobres. La migración es un fenómeno complejo y caro, y no son los más pobres quienes tienen la posibilidad de emigrar”.
Más del 95 por ciento de las remesas que llegan a nuestro país proceden de EU, y más de la mitad de ellas vienen de California y Texas. En más del 90 por ciento, esos recursos se utilizan para adquirir alimentos, gastos en educación, atender emergencias de salud, vestido, pagar deudas y, en algunos casos, reparación y construcción de vivienda, y aún en menos, para algún negocio familiar.

Ana Melisa Pardo, del Instituto de Geografía, precisó que con el dinero que llega de la Unión Americana las familias se alimentan y satisfacen sus necesidades básicas, y sólo tratan de cubrir otras, como las de infraestructura. No se invierte en proyectos productivos.

Si la población depende de eso, cuestionó, qué vamos a hacer cuando los migrantes regresen al país, y a qué se van a dedicar. “Se habla de los millones de dólares que se reciben anualmente por ese concepto, pero eso no es lo importante, sino lo que las familias reciben y lo que hacen con esos recursos, que es básicamente subsistir”, insistió.

La pregunta es qué hacer para que no dependan exclusivamente de ese recurso. Hay entidades y localidades que requieren aún más de tal ingreso, y conocerlas permitirá establecer una estrategia específica para cada una, concluyó.

Con información de DGCS UNAM