El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), secretario de la Comisión de Salud, hizo un llamado a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo y al equipo de transición para abstenerse de contratar

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), secretario de la Comisión de Salud, hizo un llamado a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo y al equipo de transición para abstenerse de contratar médicos cubanos, ante las irregularidades en sus esquemas de empleo y atentados hacia sus derechos humanos.

Estos hechos, dijo, fueron documentados por diversas naciones y organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Relatoría de Trata de Personas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Claudia Sheinbaum pacta con Bruno Eduardo Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, la continuidad de los médicos cubanos; en México sobra talento, los médicos cubanos sólo sirven para financiar un régimen autoritario”, señaló en un comunicado.

Ramírez Barba dijo que su bancada solicitará un informe sobre las condiciones de contratación del personal de salud de origen cubano que llegó al país o los que estarán llegando en el nuevo gobierno.

Subrayó que se debe detallar la vigencia de los contratos, el número de profesionistas contratados o que serán empleados, las condiciones salariales y su formación profesional, especificando su especialidad en el campo de la medicina.

“En el PAN consideramos que los médicos de nuestro país cuentan con capacidad y experiencia avaladas por las universidades mexicanas, formados en el pleno conocimiento de las necesidades e idiosincrasia de nuestra población, pero injustamente se les ha relegado, privilegiando a los cubanos solamente por ideología”, aseguró.

Señaló que es evidente que se está ante una violación a la ley que pone en riesgo la salud de la población.

Mencionó que la Ley General de Salud, en su artículo 79 establece que para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas mexicanas.

En ese sentido, agregó que el artículo 81 de la misma ley dispone que la emisión de los diplomas de especialidades médicas corresponde a las instituciones de educación superior y de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes.

“En este caso, en estricto sentido, los cubanos deberían, con acreditaciones en México, avalar su capacidad en el ejercicio de la medicina, sobre todo, en el caso de medicina de especialidad, pero no tenemos conocimiento de que esto ocurra”, apuntó.

Refirió que conforme a la Ley Reglamentaria del artículo 5 de la Constitución Política, relativo al ejercicio de las profesiones, las y los extranjeros podrán ejercer en la medicina, con sujeción a lo previsto en los tratados internacionales de que México sea parte.

“Pero en todo caso, el ejercicio profesional de las y los extranjeros estará sujeto al cumplimiento de los demás requisitos establecidos por las leyes mexicanas. En cambio, en este gobierno han bastado simples acuerdos políticos para que los cubanos estén en los hospitales públicos”, añadió.

Por otra parte, Ramírez Barba expresó su preocupación por las condiciones de los cubanos.

“En un informe de la Relatoría Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud y de la Relatoría de Trata de Personas de la ONU, se informa que muchos médicos cubanos que trabajan en el exterior estarían expuestos a condiciones de trabajo y de vida explotadoras, pagos salariales inadecuados. Además, muchos de estos profesionales estarían sometidos a presiones y a seguimiento por parte del Gobierno de Cuba”, argumentó.

Apuntó que el Presidente en reiteradas ocasiones ha señalado la importancia de basificar a las y los trabajadores de la salud que están sin contrato laborando en las instituciones públicas, algunos por más de 20 años.

Asimismo, se habla también de un déficit de trabajadores superior al medio millón entre médicos y enfermeras; “sin embargo, ahora, ante la necesidad de contratar más personal de la salud, simplemente voltea al extranjero para ocupar los espacios”.

Dijo que al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo “no les importa incrementar la oferta de profesionales de la salud, sino cumplir con acuerdos políticos con el Gobierno de Cuba”.

Redacción

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Ante el anuncio de que la Guardia Nacional se incorporará definitivamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al iniciar el próximo sexenio, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) destacó que es una decisión contraria a la historia y fundamentos de la izquierda mexicana en el país.

“Se ha llevado a cabo este anuncio para determinar que definitivamente la Guardia Nacional irá completamente al mando militar. Me parece inconcebible entender hoy un matrimonio entre un gobierno de izquierda y la militarización del país”, señaló.

En declaraciones a representantes de medios de comunicación, refirió que en el 2019, año en que nació la Guardia Nacional, se le otorgó al presidente Andrés Manuel López Obrador que existiera, pero con un artículo transitorio que obligaba al Gobierno Federal, llevar a cabo todo un proceso de transición para devolver al mando civil este cuerpo de seguridad y fortalecer a las policías locales.

Abundó que este transitorio al proyecto de declaratoria de reforma constitucional al Artículo 5º en materia de la Guardia Nacional, que otorga un plazo de nueve años para una transición del mando militar al civil en tanto se fortalecen y capacitan cuerpos policiales en los estados, no se cumplió.

“Esa promesa no se cumplió, fue una completa simulación. Hoy vemos la decisión de que se militarice el país. Nosotros anunciamos que estamos en contra de la militarización y vamos a seguir luchando para que se cumpla la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que mandata que desde el día 1 de enero de 2024 el Gobierno Federal tendría que haberse devuelto el mando civil a la Guardia Nacional, lo cual hasta el momento no ha sucedido”, expresó.

Téllez Hernández indicó que esto es un claro desacato por parte del Gobierno Federal a la resolución de la SCJN, lo que hace que en esta administración todo sea una simulación, y con lo cual se acepta y reconoce lo que se inició en gobiernos pasados: la militarización del país y le dan la razón a la estrategia iniciada en 2006.

Dijo que las herramientas que aún tiene la oposición para tratar de evitar dicha militarización, es esperar la conformación del Senado de la República para la LXVI Legislatura, donde todavía Morena y sus aliados no alcanzan la mayoría calificada, o bien, hacer uso de la acción de inconstitucionalidad a través del Partido Acción Nacional, como lo mandata la Carta Magna.

“Creemos que todavía hay un resquicio que puede detener, en este caso de que no alcance la mayoría calificada en el Senado; pero hay una disposición muy clara en la Constitución de que los partidos políticos tienen la facultad de llevar a cabo la interposición de acciones de inconstitucionalidad”, explicó.

El panista destacó que, durante los últimos cinco años, la Guardia Nacional ha contado con un presupuesto que supera los 242 mil millones de pesos; el monto más alto en materia de seguridad, con los peores resultados de las tres administraciones federales recientes.

“Hoy en día se registran más de 190 homicidios dolosos y está claro que la Guardia Nacional no fue la solución para brindarle paz a los mexicanos. Tenemos que cambiar la estrategia de seguridad y no podemos permitir que la Guardia Nacional sea de carácter militar, cuando no ha dado resultados”, aseveró.

Exigió que se dé seguimiento al proceso de capacitación y fortalecimiento de las policías locales y la policía nacional, además de que la Guardia Nacional atienda las necesidades de los estados, mientras tanto, ya que ha habido una tendencia de debilitar a las policías locales en cada entidad federativa para depender completamente de la Guardia Nacional.

Dijo que el PAN pugnará porque regrese el Fortaseg y se destine presupuesto para fortalecer a las fiscalías, los ministerios públicos y las policías locales, así como mejorar sus salarios.

Redacción

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