La diputada por Chihuahua, María Angélica Granados Trespalacios (PAN), exhortó al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) realicen las acciones necesarias para detener la importación de ganado ilegal.

A través de un punto de acuerdo que presentó ante la Comisión Permanente y publicado en la Gaceta Parlamentaria, indicó que busca que se refuercen los controles en la importación de ganado bovino procedente de Centroamérica, asegurando que cumplan estrictamente con los requisitos sanitarios establecidos en la normativa mexicana e internacional.

Asimismo, solicitó que se implementen acciones inmediatas para vigilar y asegurar las fronteras del país, con el apoyo de la Guardia Nacional para prevenir y sancionar el ingreso ilegal de ganado bovino en territorio mexicano.

Granados Trespalacios destacó que la ganadería es uno de los pilares fundamentales de la economía agropecuaria y de la economía de México, pues representa una fuente primordial de alimento, empleo e ingreso para miles de familias en todo el país, especialmente en estados con tradición ganadera como Chihuahua.

Subrayó que, en 2022, el sector ganadero mexicano aportó más del 38 por ciento del valor total de la producción agropecuaria y pesquera, generando más de 587 mil millones de pesos; además México figura como el décimo mayor productor mundial de productos ganaderos, destacándose por la exportación de carne de bovino, porcino y ganado vivo, estas actividades generan divisas importantes y consolidan la presencia en mercados clave, como el de Estados Unidos, principal socio comercial del país.

Sin embargo, señaló que el ingreso ilegal de ganado bovino proveniente de Centroamérica, sin los debidos controles sanitarios y legales, ha desestabilizado este importante sector, pues se estima que anualmente entre 800 mil y un millón de cabezas de ganado ilegal cruzan la frontera sur sin cumplir con los requisitos establecidos por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

“Este fenómeno pone en riesgo la sanidad del hato ganadero nacional, y afecta gravemente la economía de los pequeños y medianos productores, quienes enfrentan competencia desleal de grandes empresas que aprovechan esta práctica para abaratar costos”, subrayó.

Granados Trespalacios agregó que la entrada de ganado ilegal representa múltiples riesgos sanitarios, impactos económicos, así como corrupción y burocracia.

“Ante esta problemática, resulta ineludible exhortar al Gobierno Federal y, en particular, a la Sader, para que refuercen las acciones destinadas a prevenir, identificar y sancionar el ingreso de ganado de manera ilegal. Es imperativo proteger el patrimonio ganadero de México, garantizar la competitividad del sector y preservar la salud pública”.

Expuso que la ganadería en Chihuahua, como en otros estados del norte del país, es una tradición profundamente arraigada, y también una actividad económica estratégica. Señaló que es un estado líder en la producción de ganado de exportación, reconocido por su calidad sanitaria y genética. Sin embargo, este liderazgo está bajo amenaza debido a la inacción gubernamental y la permisividad frente al ingreso de ganado ilegal proveniente del sur.

Granados Trespalacios refirió que, de acuerdo con la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, más de 700 mil cabezas de ganado ingresan ilegalmente cada año, beneficiando a unas cuantas empresas que utilizan estas prácticas para abaratar sus costos.

Expuso que, durante más de tres décadas, se ha registrado este flujo ilegal de animales por la frontera con Guatemala, una región caracterizada por su porosidad y falta de vigilancia efectiva; y dijo que municipios como Benemérito de las Américas, en Chiapas, se han convertido en puntos clave para el contrabando. Lanchas cargadas de ganado cruzan el río Usumacinta sin ningún control, poniendo en evidencia la falta de presencia gubernamental en estas zonas.

A pesar de que en 2019 se firmó un memorándum de entendimiento entre México y Guatemala para regular la importación de ganado, aseguró que su implementación ha sido insuficiente, ya que investigaciones señalan que gran parte del ganado que ingresa ilegalmente no cuenta con el arete electrónico que certifica su origen y trazabilidad, lo que evidencia fallas en los mecanismos de control y la existencia de un mercado negro de aretes, donde asociaciones ganaderas locales participan en actividades corruptas.

“En este contexto, resulta imperativo que las autoridades federales, estatales y municipales tomen medidas urgentes para atender las legítimas preocupaciones de los ganaderos de Chihuahua y de otros estados afectados. La problemática trasciende el ámbito económico, pues también pone en riesgo la salud pública, la estabilidad del mercado interno y la competitividad de México en los mercados internacionales”, concluyó.

Redacción