Viernes, 04 Octubre 2024

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La diputada Mariana Gómez del Campo Gurza (PAN), secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, informó que, este miércoles, su grupo parlamentario presentará, ante la Comisión Permanente del


La diputada Mariana Gómez del Campo Gurza (PAN), secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, informó que, este miércoles, su grupo parlamentario presentará, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un punto de acuerdo para condenar “la manipulación de los resultados electorales en Venezuela, y la represión en contra de las manifestaciones”.

 

En rueda de prensa, en el Senado de la República, la diputada externó la solidaridad de su partido con el pueblo venezolano que está siento detenido, torturado y asesinado, “la represión es tremenda, hay 177 arrestos, 11 asesinatos. Eso es lo que sabemos al día de hoy.

 

“Nos solidarizamos con todos los venezolanos que en estos momentos se están enfrentando al régimen de Maduro.

 

“No hay libertad de expresión en Venezuela y queremos responsabilizar desde aquí, desde México, a Maduro por la integridad de María Corina Machado, de Edmundo González, de Delsa Solórzano, de Roberto Enríquez, de María Beatriz Martínez, de todos los líderes de la oposición. Exigimos la liberación de Freddy Superlano, dirigente nacional de Voluntad Popular, que fue detenido arbitrariamente”, sostuvo.

 

“Las personas están muriendo, están siendo asesinadas por el simple hecho de levantar la voz y de defender su voto y de hablar de libertad y de democracia”, aseveró.

 

Asimismo, instó a la comunidad internacional a que insista en la verificación de los resultados mediante la validación de actas, bajo normativas democráticas y observación internacional independiente.

 

“No nos sirven observadores internacionales afines al régimen. Tiene que haber observación internacional independiente”, puntualizó.

 

Por tal motivo, el Grupo Parlamentario del PAN, promueve un punto de acuerdo a fin de que la Comisión Permanente condene “la manipulación de los resultados electorales en Venezuela, la represión en contra de las manifestaciones pacíficas exigiendo transparencia en el proceso y la intención por parte del gobierno de Venezuela de desconocer la voluntad mayoritaria expresada en las urnas”.

 

Asimismo, plantean que se exhorte al Gobierno Federal de México para que exija al régimen de Venezuela preserve el orden democrático, transparente los resultados electorales mediante la publicación de las actas y acepte una verificación imparcial de los resultados del pasado domingo.

 

“Veo con mucha tristeza cómo el gobierno encabezado por López Obrador no ha tenido el mínimo interés en levantar la voz y de decir aquí se debe de defender el voto popular. La Canciller fue bastante tibia con un mensaje imprudente que pudimos ver el día domingo, justo el día de la elección en Venezuela, cuando ante los ojos del mundo esto había sido un fraude”, lamentó Gómez del Campo Gurza.

 

Insistió en que los ojos del mundo están puestos en lo que ocurre en Venezuela. “No quieren presentar las actas porque esto es un tremendo fraude”.

 

 

Redacción

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A fin de establecer que el presidente de la República debe informar al Congreso de la Unión sobre las condiciones de su salud, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) impulsa iniciativa que reforma y


A fin de establecer que el presidente de la República debe informar al Congreso de la Unión sobre las condiciones de su salud, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) impulsa iniciativa que reforma y adiciona los artículos 6, 16, 69 y 82 de la Constitución Política.

 

En el artículo 69 constitucional busca agregar que, en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República presentará “un informe clínico actualizado en versión pública donde se haga constar de la buena salud mental y la ausencia de una enfermedad incapacitante del titular del Poder Ejecutivo Federal”.

 

Además, en el artículo 82, propone dentro de los requisitos para ser presidente, “el tener un buen estado de salud mental y ausencia de enfermedad incapacitante, que deberá acreditarse con los estudios clínicos y dictámenes médicos de conformidad con las normas aplicables y la ley en la materia, mismos que deberán hacerse públicos”, así como “no tener padecimientos mentales, ni los comprendidos en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83”.

 

Mientras que en los artículos 6 y 16 sobre el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales, planea precisar que el estado de salud mental o enfermedad incapacitante del presidente de la República es información de interés público y quedará exceptuada de la protección y reservas de ley.

 

Ramírez Barba expone que el objetivo es asegurar que el presidente de la República mantenga una salud óptima para el ejercicio del gobierno; de ahí que se propone la implementación de exámenes de salud previos a la elección y anuales, dado que este asunto afecta la seguridad nacional.

 

“Es crucial que quienes lideran y protegen la soberanía y seguridad del país estén siempre en condiciones de hacerlo, evitando así poner en riesgo la existencia misma del Estado”, añade.

 

Hace mención que, durante los últimos sexenios, los ciudadanos han solicitado repetidamente conocer el estado de salud y el expediente clínico del presidente en turno, a menudo debido a especulaciones o escenarios de incertidumbre al respecto.

 

Sin embargo, agrega, tanto instituciones públicas garantes del derecho al acceso de la información, como tribunales han rechazado consistentemente proporcionar esta información, argumentando su carácter confidencial y reservado.

 

Considera que, la salud del presidente es un factor crítico que puede influir en numerosos aspectos del funcionamiento nacional. “Una mala salud del presidente puede provocar incertidumbre, inestabilidad y una serie de efectos negativos tanto a nivel nacional como internacional”.

 

El diputado Ramírez Barba argumenta que un presidente de la República, como servidor público, debe evitar especulaciones sobre su estado de salud, más allá de la mayor o menor apertura que tenga respecto de su privacidad. Y la ley debe garantizar a los ciudadanos el derecho de estar informados sobre las condiciones de salud de su presidente.

 

Por ello, la reforma constitucional busca establecer que el estado de salud mental o enfermedad incapacitante del presidente de la República sea información de interés público y quede exceptuada de la protección y reservas de ley, y presente al Congreso un informe clínico actualizado donde se haga constar de su buena salud mental y la ausencia de una enfermedad incapacitante.

 

La iniciativa fue turnada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

 

Redacción

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