El Grupo Parlamentario del PRI informó que, en conjunto con las bancadas del PAN y PRD, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra las reformas que eliminan la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

En conferencia de prensa, en el marco de la sesión de la Comisión Permanente que tiene lugar en el Senado de la República, la diputada Carolina Viggiano Austria (PRI) explicó que este lunes 12 de junio se presentó ante la Corte una demanda de acción de inconstitucionalidad solicitando se declare la invalidez del decreto que extingue la Financiera Rural, así como su ley orgánica. 

“El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de junio de 2023, y formó parte de los asuntos aprobados ilegalmente en el conocido ‘viernes negro’”, señaló.

Recordó que en la Cámara de Diputados la reforma fue aprobada por la mayoría parlamentaria del gobierno oficialista el 25 de abril de este año.

“Es un tema que lastima enormemente a los productores de nuestro país, en un área que daba créditos blandos, no pedía nada regalado, que daba la oportunidad de incrustarse en él, en la cadena productiva y que nos garantizaba seguridad alimentaria”, aseveró.

Por su parte, el diputado Marco Mendoza Bustamante (PRI) enfatizó en que al eliminar la Financiera Rural se configuran diversas violaciones a principios fundamentales como legalidad, progresividad, certeza jurídica y transparencia. 

“Hubo una violación al debido proceso legislativo, es decir, hubo dispensa de trámites. En una democracia debe escucharse a todos los grupos parlamentarios representados en las cámaras y, en este caso, al obviar los trámites hubo justamente una violación al debido proceso, pero también se impidió el debate y la deliberación con la ciudadanía; hay, por tanto, una violación al principio de democracia deliberativa, a la deliberación parlamentaria, a la seguridad jurídica y a la legalidad”, afirmó. 

De igual manera, agregó, hubo violaciones al proceso legislativo en el Senado de la República, ya que durante la votación no se registró el quórum que establece el reglamento para continuar una sesión ordinaria y dar legalidad a lo que se vote.

Adicionalmente, hubo otra violación en el ejercicio del cargo de la senadora Claudia Balderas, ya que al encontrarse en Bélgica en el momento de la discusión era materialmente imposible que al mismo tiempo firmara su licencia y su suplente votara, mientras ella se encontraba en una representación parlamentaria debidamente autorizada por el Congreso mexicano. 

En su oportunidad, el diputado Augusto Gómez Villanueva (PRI) invitó a la ciudadanía a tomar acción sobre una situación y alertar el grave riesgo por la seguridad alimentaria de todos los mexicanos.

“La amenaza inminente que pone en peligro a los campesinos productores de las comunidades rurales y de todos los mexicanos, atentando de manera directa contra el derecho humano a la alimentación, la soberanía, seguridad y autosuficiencia alimentaria”.

Tras aseverar que no se puede permitir que impunemente se consolide esa mala decisión, la diputada y los diputados indicaron que este organismo llegó a acreditar a cerca de millón y medio de ejidatarios y más de 110 mil pequeños productores; mientras que, previo al cierre, los créditos no superaban los 32 mil beneficiados. 

De acuerdo con el Censo Agropecuario 2022, señalaron, sólo el 18 por ciento de las hectáreas de uso agrícola estaban sembradas, por la falta de créditos y apoyo económico.

Acompañados por representantes y líderes campesinos, evidenciaron los atropellos cometidos contra los miembros integrantes del Consejo Directivo de la misma Institución, que representan a miles de campesinos, pequeños y medianos productores, así como a los más de mil 842 trabajadores y cinco mil 800 jubilados y pensionados con conocimientos especializados.

“Los funcionarios públicos designados a partir de 2018, quienes, de manera unilateral, opaca y sin la mínima conciencia o análisis, decidieron suspender de facto el otorgamiento y dispersión de créditos a los productores desde el 15 de diciembre de 2022”, agregaron en su reclamo. 

Consideraron falsos los datos que ofrece el Ejecutivo Federal para justificar la extinción de la Financiera, ya que, de acuerdo con sus propios Balances Generales publicados, si bien la Financiera cuenta con un pasivo considerable, solamente representan el 36 por ciento con respecto al Activo Total. 

Enfatizaron que la desaparición de este organismo puede dificultar el acceso de los agricultores a financiamiento adecuado, lo que afectaría su capacidad para producir de manera suficiente y sostenible, pone en duda el apoyo técnico y su capacitación; debilita el fomento al desarrollo rural integral, equitativo y sostenible, mientras que acrecienta la desigualdad en el acceso a recursos, beneficiando a aquellos con mayor poder económico, dejando rezagados a los pequeños productores.

“El cierre de la financiera tiene grandes repercusiones, como el desplazamiento de comunidades rurales enteras, abrir las puertas al control territorial del narcotráfico en el sector, conducir al aumento de cultivos ilícitos, como la marihuana, coca o la amapola, nos dejaría en una situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica”, destacaron.