La coalición Por México al Frente detalló en conferencia de prensa que “está determinada a enfrentar el pacto de impunidad, pues constituye el único camino de auténtico cambio del país”.

En esta dirección decidieron dar a conocer la denuncia penal que han interpuesto en contra de José Antonio Meade Kuribreña, candidato del PRI y Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, así como quienes resulten responsables por su participación en un fraude transexenal conocido como Etileno XXI, que es uno de los ejes centrales del desfalco millonario cometido por la empresa Odebrecht, servidores públicos y empresarios mexicanos.

La coalición afirmó que hace apenas unos días ha surgido nueva evidencia que ofrece pruebas inequívocas de la participación de Meade Kuribreña desde prácticamente el origen de esta trama criminal.

En México, el fraude de Odebrecht se ha fraguado en al menos dos sexenios y no es un hecho de corrupción del pasado, sino un desfalco que sigue operando en el país día a día a través de su filial en México, la empresa Braskem-idesa que mediante el proyecto Etileno XXI sigue mermando las finanzas nacionales.

Así, la denuncia tiene una importancia especial, pues uno de sus principales operadores es contendiente por la Presidencia de la República, como es el caso de José Antonio Meade, pero además sabemos que, si fuese López Obrador quien ganase la elección por la Presidencia, incorporaría en su gabinete, como lo ha anunciado, a Javier Jiménez Espriú, el ex funcionario de Petróleos Mexicanos durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que ha formado parte del Consejo de Administración de la empresa Idesa, en la que participan además otras familias vinculadas al poder público como del Mazo y Escudero.

Presentar y dar a conocer esta denuncia es fundamental para evidenciar el modo en que ha operado el ciclo de corrupción política a partir de un mecanismo de desfalco que incluye la complicidad entre servidores públicos y empresas privadas.

A continuación, daremos a conocer los pormenores de la denuncia.

El diseño y ejecución del esquema criminal implicó:

(i) beneficiar indebidamente a un particular y a sus socios en el gobierno, por montos multimillonarios y durante por lo menos 20 años, en perjuicio de Pemex y de la economía nacional;

(ii) garantizar impunidad transexenal a los creadores, ejecutores y beneficiarios del atraco mediante la entrega de cifras millonarias a Emilio Lozoya quien, como consta en declaraciones ministeriales en Brasil, habría recibido sumas millonarias cuando fue como parte del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto en el año 2012 y que a la postre fuese nombrado director de Pemex.

El esquema supuso tres acciones coordinadas y planeadas para llevarse a cabo:

• Por una parte, firmar un contrato que hasta hace muy poco se mantuvo en la oscuridad y cuya revelación muestra cómo Pemex se compromete a suministrar etano a un precio por debajo del mercado a la empresa Braskem-Idesa, filial de Odebrecht.

• Por otra parte, el Gobierno Federal mediante decretos llevó a cabo el incremento ilegal del impuesto a la importación de polietileno con la intención de beneficiar indebidamente a Braskem/Idesa, obstruyendo a sus eventuales competidores, en perjuicio de los consumidores y la economía de las y los mexicanos.

• Adicionalmente, a sólo 13 días después del inicio de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, Pemex Gas y Petroquímica Básica celebró un Contrato de Servicios de Transporte de Etano por Ducto por un monto de USD 267.8 millones, que al final se convertirían en USD 371.4 millones. El objetivo de este contrato, derivado de una adjudicación directa, fue la construcción del ducto por el que se transportaría el etano hasta la planta del comprador, así como el transporte del etano. Curiosamente, los términos y condiciones de este Contrato fueron aprobados por el Consejo de Administración de Pemex el 29 de octubre de 2012, en la administración del Presidente Calderón. Es evidente que se trata de un acuerdo entre funcionarios que formaron parte de ambas administraciones. El beneficiario de la adjudicación directa es la empresa IEnova, cuyo Director General y Presidente del Consejo de Administración era (y es) Carlos Ruiz Sacristán, viejo amigo de Emilio Lozoya Austin y compañero de este último en el Consejo de Administración de OHL de 2010 a 2012.

El esquema previsto en el contrato ha supuesto, como lo ha acreditado la Auditoria Superior de la Federación (ASF), en tan solo nueve meses de 2016, pérdidas por cerca de dos mil millones de pesos.

La trama de corrupción del caso Odebrecht se da entre otras cosas “en contra el consumo nacional”, que actualiza entre muchos otros el tipo delictivo establecido en el artículo 253, fracción I, inciso b) del Código Penal Federal, conforme al cual los actos o procedimientos que eviten o dificulten, o se propongan evitar o dificultar la libre concurrencia en la producción o en el comercio, relacionados con artículos de consumo necesario o generalizado o con las materias primas necesarias para elaborarlos, así como con las materias primas esenciales para la actividad de la industria nacional, son actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional y deben ser sancionados con prisión de 3 a 10 años.

Información de: Ricardoanaya