Luego de que se escandalizara el polémico caso de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) cuya fundación data del año de 1997 y cuyo manejo está bajo el control de la maestra María Guadalupe Rodríguez, esposa del líder nacional del Partido del Trabajo Alberto Anaya Gutiérrez, la tarde de este martes, el Partido del Trabajo celebró una sentencia que hace referencia al uso correcto de recursos para la operación de estos centros infantiles.
Y es que la Procuraduría General de la República, investigaba a la esposa del dirigente petista por un presunto lavado de dinero por conducto de la procuraduría especializada en la investigación de delincuencia organizada, por lo que congelaron sus cuentas y abrieron una carpeta de investigación, acusando a María Guadalupe Rodríguez Martínez de lavado de dinero por 100 millones de pesos.
Sin embargo, un juez de control del centro de justicia penal federal del reclusorio norte desechó la orden de aprehensión que existía en contra de la maestra por el delito de lavado de dinero, situación que los petistas celebraron.
Fue a través de su portal web oficial que el Partido del trabajo celebró que no se pudo configurar delito alguno por falta de elementos, y aplaudió que el Ministerio Público se haya desistido de las causas y acusaciones en contra de Héctor Quiroz García (dirigente del PT en Aguascalientes), María Mayda Paredes, María Cristina Martínez (colaboradoras en los CENDIS), quienes fueron vinculados a proceso y también de la Maestra Guadalupe Rodríguez Martínez (Directora General de los CENDIS), quien nunca estuvo vinculada a proceso, aseguraron en un comunicado.
Detallaron que se confirmó lo que desde un inicio el instituto político aseveró: el uso correcto y transparente de los recursos asignados a los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) y que fue parte de una estrategia de persecución política y represalia motivadas por el apoyo del PT al ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo el partido dirigido por Alberto Anaya.
Por último, acusaron que todo se trató de un caso fabricado contra los petistas y surgido como castigo ante la insumisión al sistema y el respaldo cabal a López Obrador como la única figura que podía encarnar las intereses de la gente y asumir la conducción del país.
Redacción
