La diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (PAN) presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la República las propuestas de personas que ocuparán las tres vacantes como comisionadas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a efecto de cumplir el mandato constitucional.

En conferencia de prensa, señaló que su proposición busca que se cumpla el proceso constitucional establecido para el nombramiento de integrantes del pleno del IFT.

“Exhortar al señor presidente Andrés Manuel López Obrador a que, de una vez por todas, nombre a las tres personas comisionadas del IFT vacantes que están desde el año pasado; el Presidente se niega a enviar los nombres”.

La diputada aseguró que esta falta es un intento del Ejecutivo de paralizar uno de los ocho organismos autónomos constitucionales, “pues son de gran importancia para el funcionamiento institucional del país, así como para el equilibrio constitucional basado en controles de poder”.

 “Como sabemos, desde que inició el gobierno del señor López Obrador estos organismos se han visto afectados, amenazados de diversas maneras, ya que él los considera ajenos a su agenda política. Los ha acusado de facilitar políticas privatizadoras y de haber permitido el despojo de los bienes nacionales”.

En el documento la legisladora recordó que el 31 de marzo de 2022 el Presidente rechazó las ternas que le propuso el Comité de Evaluación encargado de valorar a las y los aspirantes a comisionados, tanto del IFT como de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), con el argumento de que las mismas carecían de validez al ser emitidas por dos de las tres instituciones que conforman el referido Comité.

 El titular del Ejecutivo no tomó en cuenta que la institución que falta en el mencionado Comité es el Instituto de Evaluación Educativa, “mismo que él extinguió con su contrarreforma educativa, el 30 de septiembre de 2019”, resaltó.

Existe un peligroso retraso en el proceso de designación, lo que no permite que el pleno de este órgano funcione como lo mandata la Constitución y su legislación secundaria.

“En el caso del Instituto, ha estado sesionando con cuatro de siete comisionados. No obstante, el Senado debe ratificar a los comisionados del IFT a propuesta del presidente de la República, y nombrar al presidente, quien debe ejercer el cargo por cuatro años, renovable en una sola ocasión”.

Esta omisión no sólo ignora una responsabilidad constitucional, sino que entorpece todo el funcionamiento del órgano y anula por completo las atribuciones y medidas que exigen una mayoría calificada para poder dictarse.

“La falta de nombramiento de los integrantes del pleno del IFT debilita y vulnera su independencia frente a las decisiones que adopta el Poder Ejecutivo Federal. Es necesario tener presente que la omisión deliberada de formular las propuestas para renovar las vacantes de este órgano constitucional autónomo, ni siquiera permite la discusión”.

 Comentó que en agosto de 2022 el IFT interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por esta falta del Ejecutivo. Esta controversia se encuentra pendiente de resolución por parte del alto tribunal.

Redacción