La violencia contra la niñez, es una problemática que requiere atención urgente por parte del gobierno y de la sociedad; porque en México, seis de cada 10 menores de uno a 14 años de edad han experimentado, al menos, algún daño psicológico o físico causado por integrantes de su familia, señaló la diputada Martha Elisa González Estrada (PAN).

Por ello, a través de reformas a los artículos 4, 83 y 86 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, busca prevenir y erradicar la violencia contra la infancia, al establecer como agresión toda forma de prejuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente y malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.

Se plantea que los menores tengan acceso gratuito a asistencia jurídica, psicológica y cualquier otra necesaria, de acuerdo con las características del caso, a fin de salvaguardar sus derechos. Además, emitir medidas de protección urgentes o cautelares que eviten posibles daños a su integridad personal.

La legisladora, integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, afirmó que México, al formar parte del Comité de la Alianza Global para poner fin a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, tiene la oportunidad de acelerar la respuesta ante esta problemática.

Indicó que las agresiones en México, son factor determinante de la deserción escolar e incluso una causa importante de muertes infantiles. “Miles de niños, niñas y adolescentes del país, crecen en un contexto de violencia cotidiana que deja secuelas profundas e incluso termina cada año con la vida de centenares de ellos”.

González Estrada resaltó que en 2014, alrededor de 23 mil adolescentes de entre 12 y 17 años, sufrieron algún tipo de agresión sexual, incluyendo acoso, tocamientos y actos sexuales no consentidos, y entre 2011 y 2015, fueron asesinados cada día, en promedio, tres menores de entre 0 y 17 años.

Con el documento, enviado a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, se busca establecer que las autoridades de los tres órdenes de gobierno que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo, deberán: ajustarse al tiempo de participación máximo para la intervención de niñas, niños o adolescentes durante los procedimientos de conformidad con los principios de autonomía progresiva y celeridad procesal.

Con información de Cámara de Diputados