Sin razón aparente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que hasta dentro de cuatro meses resolverá el caso de Pío López Obrador sobre los recursos que en 2015 recibió en efectivo para financiar las actividades políticas de Morena y de su hermano, hoy presidente de México.
En un principio, el caso fue turnado a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (que en noviembre afirmó que no encontró indicios para denunciar al hermano del presidente), que a su vez lo pasó al Instituto Nacional Electoral (INE), que hace un mes denunció que las fiscalías Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y General de la República (FGR) se han negado a proporcionar información sobre este caso.
Fue así como el caso llegó hasta el TEPJF, que ahora decidió retrasar se resolución sobre los presuntos delitos en que habría incurrido el hermano del presidente hasta julio próximo, un mes después de realizadas las elecciones intermedias en el país.
Cabe resaltar que este aplazamiento también se da pese a que en su Informe de labores 2019-2020, el TEPJF presumía de que, en medio de la pandemia, “aun ante este escenario en el que transitamos a un esquema de justicia digital, la resolución de los medios de impugnación por parte de la Sala Superior y de las salas regionales se llevó a cabo en un corto tiempo, esto es, en un promedio de 22 días. Ello refleja el compromiso del TEPJF de cumplir con una impartición de justicia completa, pronta y expedita”.
