En el pasado periodo electoral, la Secretaría de la Función Publica fue la encargada de recibir las denuncias por conductas irregulares, relacionadas a temas electorales, donde esta indico que fueron alrededor de 150 denuncias por presuntas conductas irregulares, un número muy bajo, aseguró el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la dependencia, José Gabriel Carreño Camacho.
Durante la presentación del libro: “Monitor democrático 2018. Para legitimar la elección presidencial 2018: cultura cívica-transparencia-coacción jurídica”, explicó que como las denuncias no tienen que ver con incumplimiento de obligaciones o faltas administrativas, sino con conductas delictivas, se turnaron a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
“Hasta el momento no hemos recibido una sola denuncia formal, por supuesto, donde se atribuya que algún servidor público haya incurrido, por ejemplo, en cohecho, en abuso de funciones, en tráfico de influencias, o de algún particular, como por ejemplo candidatos a elección popular”, señaló el Subsecretario en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE).
Reiteró que el número de denuncias, desde el mes de marzo y hasta la fecha, ha sido muy bajo, porque el consenso de legitimar las instituciones públicas democráticas ha sido desde la sociedad; y no del gobierno, a través de la amenaza de imponer sanciones a servidores públicos que no cumplan su obligación.
Explicó que la SFP recibe denuncias contra servidores públicos a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC) en la página de la dependencia, y en ella se reciben quejas y denuncias de ciudadanos y servidores públicos que considere que alguien comete una falta administrativa.
Con la presencia del Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas, el Subsecretario Carreño Camacho subrayó que el resultado de estas elecciones son claro ejemplo de cómo empezaron a romperse viejos paradigmas, en el sentido de que la coacción jurídica era uno de los medios de control, en aras de legitimar las elecciones.
Recalcó que la conciencia y educación cívicas han dado muestras de que instancias como la SFP, van a tener que traducir su función y dejar ser entes sancionadores, para convertirse en entes preventivos o en mecanismos de prevención, para evitar que los servidores públicos incurran en faltas administrativas, en incumplimiento de sus obligaciones.
Con información de SFP
