La senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez indicó que la reforma a la Ley de Amparo enviada por la presidenta de la República contraviene la Constitución en materia de progresividad de los derechos humanos, favorece la concentración de poder de las autoridades y reduce los contrapesos ciudadanos.
Resaltó que el amparo nació para ponerle un alto al poder, y que desde su creación ha sido el instrumento más importante de protección de las personas frente a los abusos de poder, por lo cual alertó de los retrocesos.
“No es una reforma pro persona, es pro autoridad; la reforma no fortalece el amparo, fortalece a las autoridades”, advirtió en tribuna.
Al fijar la postura del Partido Acción Nacional (PAN) durante la discusión del dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Amparo, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sostuvo que esta figura jurídica se debilita.
Expuso que en la definición del interés legítimo contenida en la iniciativa se deja al arbitrio del juzgador determinar si el beneficio es hipotético, lo cual no es tan fácil, porque “por ejemplo, si la autoridad se niega a comprar vacunas contra el sarampión, será difícil acreditar el perjuicio que pudiera causarse a los niños, toda vez que no se sabe cuántos menores puede perjudicar esta medida”.
De igual manera, la senadora Guadalupe Murguía manifestó que la suspensión del acto reclamado -medida cautelar para evitar que un acto de autoridad cause daño irreparable al quejoso mientras se resuelve de fondo- se debilita.
Al respecto, dijo: “imaginemos que una persona promueve un amparo porque quieren demoler su casa para construir un parque; al prevalecer el interés social, el juez no podría decretar la suspensión, entonces la casa sería demolida sin importar lo que se resuelva en la sentencia de amparo”.
Asimismo, no habrá suspensión provisional tratándose de sentencias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que afectará a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a pequeños contribuyentes que no tendrán capacidad de cubrir sus gastos operativos ordinarios hasta que se defina su situación, apuntó.
Respecto a los créditos fiscales, la senadora panista refirió que sólo podrá promoverse el amparo hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y se podrá otorgar la suspensión garantizando el interés fiscal mediante billete de depósito o carta de crédito. “Es decir, en materia fiscal primero pagas y luego litigas”, aseguró.
La senadora Guadalupe Murguía también destacó que con esta reforma se prohíbe la suspensión de permisos o autorizaciones que sean revocadas por una autoridad federal, y “en tal supuesto es posible que una persona o empresa políticamente incómoda al oficialismo se le revoque cualquier permiso, concesión o licencia”.
Incluso, añadió, hasta cancelar la cédula profesional, sin que el quejoso pueda obtener la suspensión del acto reclamado.
Por todo lo anterior, anticipó el voto en contra de la bancada panista y lamentó que esta reforma tan trascendente para la vida de la nación tenga el sello de Morena y sus aliados, con prisas, improvisaciones, cambios repentinos y ajustes sobre las rodillas.
Redacción