El senador panista Raymundo Bolaños Azocar aseguró que las reformas a la Ley de Amparo, impulsadas por el gobierno federal, Morena y aliados, representan un grave retroceso para los derechos de los mexicanos.

“No hay que darle muchas vueltas: aumentar requisitos para otorgar suspensiones es un retroceso; hacer improcedentes suspensiones para descongelar cuentas es autoritario; prohibir suspensiones contra la prisión preventiva es una necedad”, remarcó.

En la sesión del Senado de la República, al presentar el posicionamiento de su bancada, el legislador señaló que el amparo, en su origen, fue hecho para proteger los derechos fundamentales.

“Es una construcción jurídica mexicana que se ha exportado, e incluso en el ‘morenato’, donde la destrucción institucional ha sido la constante que distingue a la 4t, pocas reformas como ésta resultan tan cínicamente contrarias al interés de la ciudadanía y tan descaradamente favorables a un Poder Ejecutivo federal, que aspira a la omnipotencia a costa de cualquier contrapeso democrático”, resaltó.

A las mexicanas y los mexicanos, agregó, los dejan sin opciones para el pago de créditos fiscales, pero cuando se trata de cumplir sentencias contra el Estado mexicano, entonces Morena-gobierno sí puede ignorar su cumplimiento.

“La prisión preventiva vulnera la presunción de inocencia y el debido proceso, hay sentencia internacional de ello, pero esta reforma es un nuevo elemento que sigue fortaleciendo esta figura”, acusó.

Bolaños Azocar explicó que el gobierno federal diseñó una estrategia para enviar una iniciativa impresentable, para después modificarla y quedarse con una columna vertebral terriblemente lesiva para las y los mexicanos.

Manifestó que esta reforma que lo único que protege es el interés de la autoridad, al favorecer la recaudación del Estado sobre los derechos humanos.

“Esta reforma es la respuesta a la incapacidad de quienes litigan desde el gobierno. Ya destruyeron al Poder Judicial y al frente de las resoluciones están las personas juzgadoras electas popularmente. Y aun así, hoy van a destruir los medios de defensa de las y los contribuyentes, y lo van a hacer con otro albazo”, acotó.

Recordó que apenas ayer acabaron las audiencias públicas y, en menos de un día, el oficialismo y aliados dictaminaron, convocaron a comisiones unidas, dieron primera lectura y lo pusieron a discusión en el Pleno.

“Con esa eficiencia es con la que deberían atender la distribución de medicamentos, la atención de niñas y niñas con cáncer, y el combate al huachicol fiscal, entre otros muchos grandes problemas que sí tiene el país”, aseveró.

Pareciera, prosiguió, que urge cobrarle a empresarios incómodos al régimen y, para hacerlo, los pequeños contribuyentes, las pequeñas y medianas empresas van a sufrir las consecuencias de sus reformas.

Dijo que en el pago de créditos fiscales se eliminó la precedencia del recurso de revocación y del juicio contencioso administrativo, por ser “dilaciones innecesarias”.

“En el ‘Diccionario de los otros datos’ de esta cuarta transformación, la mayoría oficialista les dice ‘leguleyadas’ al derecho a la defensa efectiva”, puntualizó.

Enfatizó que esta reforma es profundamente discriminatoria, ya que sólo los grandes contribuyentes podrán permitirse el lujo de defenderse.

“Lo anterior porque en el cobro, y para evitar el remate de un bien, se requiere la garantía del 100 por ciento del pago y, de no tenerse, el proceso sigue avanzando y el bien será vendido. Si ya no hay bien, ya no hay qué se restituya, lo que hacen es dejar inservible al amparo”, precisó.

Para el legislador de Acción Nacional, estos cambios a la Ley de Amparo otorgan un poder desproporcionado a la autoridad para revocar y ejecutar de inmediato la cancelación de permisos, concesiones y autorizaciones, sobre todo para quien les sea incómodo.

“Por todas estas razones, en el Grupo Parlamentario del PAN votaremos en contra de este dictamen. No acompañaremos una reforma que lo único que protege es al ‘morenato’ en el gobierno, e incrementa la impunidad de sus actos, cuando además lo hace a costa de los derechos ciudadanos, destruyendo elementos tan delicados del amparo, la figura más importante del derecho mexicano”, concluyó.

Redacción