El nuevo gobierno de Guerrero que asumirá funciones hoy, recibirá una administración endeudada por más de 18 mil millones de pesos, sin recursos para solventar el trabajo operativo en lo que resta del presente año y sin dinero para cubrir el aguinaldo de 20 mil burócratas que trabajan para el estado.
Durante la presentación del informe final de la comisión general de transición entre las administraciones saliente y entrante, la cual fue presidida por el todavía gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, y el mandatario electo, Héctor Astudillo Flores, se dieron a conocer “graves irregularidades” en los principales rubros de la administración pública estatal.
Héctor Apreza Patrón, responsable de la revisión financiera por parte de la administración entrante, detalló que Guerrero enfrenta un déficit financiero estimado en 18 mil 400 millones de pesos, de los cuales 9 mil 324 millones corresponden a endeudamiento del sector educativo y otros 7 mil 618 millones de pesos del sector salud, además de otros mil 500 millones de pesos por laudos laborales.
Se informó que la administración saliente no dejó recursos para solventar los gastos de operación de la nueva administración durante lo que resta del presente año, por lo que el nuevo gobierno requerirá de unos dos mil millones de pesos para cubrir esos gastos entre los que se incluyen unos 790 millones de pesos para el pago de los aguinaldos a unos 20 mil trabajadores.
En el tema de los programas sociales que operan dentro del área de desarrollo social, se informó que sólo se encontraron asignaciones de montos generales para cada uno de ellos, pero no existe ningún comprobante sobre las partidas presupuestales que se dieron a esos programas de forma específica y ni siquiera están los padrones de los beneficiados en programas como “Guerrero Cumple” que puso en marcha el exmandatario Ángel Aguirre Rivero.
En lo relacionado a obras públicas se dijo que existen contratos de obras sin cerrar durante 2013 y 2014, por un monto superior a los 222 millones de pesos, de los cuales 170 millones se deben a
CEMEX por la construcción del proyecto del Acabús.
El aún gobernador Rogelio Ortega reconoció los problemas financieros, pero aseguró que “estos problemas vienen arrastrándose de tiempo atrás”, y pidió que cuando se realice algún procedimiento para sancionar estas situaciones, se defina con precisión a que administración le corresponde la responsabilidad de los problemas y que cada quien responda por sus actos u omisiones.
