El Grupo Parlamentario del PAN presentó un punto de acuerdo para solicitar a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado de la República a crear la “Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con el descarrilamiento del Tren Interoceánico, así como para vigilar la debida reparación integral del daño a las víctimas”.

De igual forma, para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía General del estado de Oaxaca a que, dentro de sus atribuciones, realicen y den celeridad a las investigaciones y acciones que correspondan, a fin de esclarecer los hechos, imponer sanciones, proteger a las víctimas y reparar de manera integral los daños causados.

En conferencia de prensa, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández informó que, además de estas acciones legislativas, su grupo promovió medidas jurídicas y administrativas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre en Oaxaca, que dejó un saldo de 14 personas fallecidas.

Explicó que se inició una estrategia integral para investigar y sancionar a los responsables del accidente ferroviario. “Hemos tomado la determinación de pedir la actuación inmediata de tres instancias importantes para la investigación y para la sanción, en su caso, de los probables responsables”.

Precisó que una de las acciones fue acudir a la Auditoría Superior de la Federación a solicitar dar seguimiento a los resultados de las observaciones de las Cuentas Públicas del 2019 al 2024, ya que existen observaciones “que ascienden a un daño patrimonial de 71.5 millones de pesos en la construcción del Tren Interoceánico”.

El legislador sostuvo que estas observaciones apuntan a irregularidades graves en la obra, “lo más relevante es en cuanto a la mala calidad de los materiales, los sobrecostos, la mala planeación y los contratos bajo la opacidad entregados a grupos empresariales afines a la familia López Beltrán”.

Añadió que también se presentó una denuncia ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pues “ésta sí puede ir en este momento a iniciar las auditorías en tiempo real sobre el ejercicio de recursos y la probable responsabilidad de los funcionarios públicos”.

De igual forma, se presentó una denuncia en la FGR por posibles delitos penales. “Destacan los delitos que hemos identificado principalmente por el uso ilícito de atribuciones, facultades, tráfico de influencias, corrupción, homicidio culposo y lesiones que se suscitaron por el descarrilamiento del tren interoceánico”.

Subrayó que estas acciones buscan evitar la impunidad, porque “no podemos permitir que quede impune la tragedia que rodea al Tren Interoceánico y exigimos justicia para familias de las víctimas”.

Por su parte, la diputada Paulina Rubio Fernández remarcó la necesidad de mantener el tema en la agenda pública, dado que “un evento como este pudiera repetirse en cualquier momento”.

Criticó que se intente minimizar lo ocurrido, y reiteró que “no podemos permitir que la tragedia se repita […] no podemos permitir que una tragedia de esta magnitud vuelva a suceder con sus obras chafas, corruptas, con sus obras plagadas de irregularidades”.

También señaló que “todas las investigaciones apuntan justamente a lo que hemos dicho, que es una obra plagada de corrupción, que es una obra que simplemente se hizo al vapor”.

Redacción