El Partido Acción Nacional presentó un Juicio de Inconformidad en contra de la elección de la Presidencia de la República, a fin de que la Sala Superior en apego a la legalidad anule la elección por las graves violaciones que se dieron durante el proceso electoral, informó el Presidente Nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza.
“El proceso fue una elección de Estado que se caracterizó por no contar con un piso parejo, por la intervención del Presidente de la República, la violencia e injerencia del crimen organizado y el uso del aparato del Estado para promover la candidatura de la coalición Sigamos Haciendo Historia”, señaló.
El dirigente panista denunció que hay constancia de 55 sentencias de la Sala Superior, donde se acreditó que el Presidente vulneró principios constitucionales e incurrió en infracciones electorales, generando una elección presidencial sin condiciones de igualdad para nuestra candidata Xóchitl Gálvez.
En todo el proceso se usaron de forma indebida los programas sociales, que fueron dirigidos a descalificar a la oposición e influir y manipular el voto de la ciudadanía.
Finalmente puntualizó, la contienda estuvo inmersa en un clima de violencia generalizada e intervención del crimen organizado. Durante el proceso electoral se alcanzó una media de 10 asesinatos por mes, con un total de 310 asesinatos en todo el proceso electoral, de acuerdo con Data Cívica.
Fueron 2,210 candidaturas las que presentaron renuncias y 15,929 sustituciones de funcionarios del INE, aunado a la imposibilidad de instalar 227 casillas previo a la jornada electoral, afectando directamente a 170,250 ciudadanos. Todo ello, solo explicado por la intervención del crimen organizado.
Por todas estas razones, más allá de la diferencia del resultado electoral, Acción Nacional promovió un Juicio de Inconformidad, que tiene por objeto solicitar la nulidad de la elección, porque no podemos dejar de impugnar la elección presidencial, porque significaría validar una elección de Estado.
La Sala Superior deberá valorar todos los elementos en los que se desarrolló el proceso de manera previa a emitir la calificación de la elección Presidencial, además de tener el deber de resolver todas las quejas y denuncias que se encuentran pendientes de resolución, emitir garantías de reparación y no repetición sobre las intervenciones del Ejecutivo Federal, sobre los hechos de violencia e intervención del crimen organizado, y el impacto de todos estos actos en la pasada elección.
