El Grupo Parlamentario del PAN votará en contra de la iniciativa que pretende extinguir siete órganos autónomos, toda vez que viola la progresividad de derechos humanos y tratados internacionales, lo cual representa un grave retroceso, anunció el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández.

Mencionó que las dependencias que se buscan eliminar con esta reforma son: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Así como, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoradu), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH), cuyas funciones pasarían a dependencias del Gobierno Federal o al Inegi.

El diputado señaló lo anterior en rueda de prensa acompañado de la presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común A.C, María Elena Morera Mitre; el exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona; la exdiputada federal María Elena Pérez-Jaén y Gonzalo Monroy, experto en temas energéticos.

Advirtió que los parlamentos abiertos que el partido en el poder realizó supuestamente para mejorar la iniciativa que plantea la extinción fue una simple simulación para avanzar en la eliminación de contrapesos al gobierno.

“Esta iniciativa viola completamente tratados internacionales, viola la firma del Estado mexicano en las convenciones de carácter internacional, está terminando con la progresividad y la protección de derechos humanos, termina con los avances y las luchas ciudadanas ganadas en el ámbito legislativo para que existieran este tipo de órganos que son contrapeso y límite de la función del gobierno”, aseveró.

Por su parte, el exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona, aseveró que sería un grave error si el consejo desapareciera porque el Instituto de Estadística e Informática (Inegi) no tiene la capacidad de evaluación y se perdería los seis consejeros académicos que hacen independiente a dicho organismo.

Abundó que el pretexto de que estos órganos autónomos representan un enorme gasto al presupuesto púbico es una falacia más, pues el Inai, el Coneval, el IFT, la Cofece, la CRE, la CNH y la Mejoradu, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, “estos siete órganos en su conjunto tienen 5 mil 100 millones de pesos; y les quiero dejar un dato, las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a las megaobras realizadas por el expresidente López Obrador es todavía un monto mayor, suman alrededor de 5 mil 300 millones de pesos, bajo probable corrupción en su desarrollo y corrupción”, sentenció.

Por lo tanto, pidió a la Cámara de Diputados presentar una reserva para quitar el párrafo del artículo 26 constitucional que señala que el Coneval pasa al Inegi, ya que el consejo es un organismo descentralizado por lo que “nunca he estado en ese rango pues no hubo ley secundaria y se quedaría tal como está siendo un descentralizado del bienestar con las funciones que tiene ahora de independencia”.

La exdiputada federal María Elena Pérez-Jaén, a nombre del expresidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan Addati, expuso que el diseño institucional actual de los órganos autónomos puede mejorar para erradicar la falta de capacidad de respuesta y sensibilidad institucional; duplicidad de funciones y estructuras; opacidad de procesos y datos, conflictos competenciales y de interés.

Asimismo, dijo que los perfiles de los nombrados comisionados suelen ser técnicos proclives a la inacción por lo que se sugiere añadir una etapa adicional al proceso de selección a fin de permitir un ejercicio público de oposición a manos del Ejecutivo, una vez que el comité de selección envíe al presidente a los candidatos mejor evaluados.

En el IFT, la presidenta, Claudia Sheinbaum tiene hoy tres nombramientos pendientes y un cuarto a partir del próximo año y con ello podría renovar casi por completo a la institución sin necesidad de desaparecerla y aseveró que el IFT y la Cofece pueden funcionar con cinco comisionados en lugar de siete, ya que su impacto presupuestal es muy bajo. 

Por otro lado, Pérez-Jaén señaló que están en peligro los derechos al acceso de la información pública y a la protección de datos personales que tutela el Inai, porque con dicha reforma pretenden transferir las responsabilidades del instituto a distintas entidades, entre ellas, a la Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno, lo cual sería un retroceso para el Estado mexicano porque complicaría el acceso a los derechos mencionados al con contar con procesos rápidos, simples y accesibles para las personas pues tendrían que acudir a múltiples instancias.

Planteó que dejen que el Inai regrese a ser el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), el cual era un organismo descentralizado, no sectorizado con independencia, autonomía de gestión y recursos y un organismo descentralizado, en el cual haya injerencia del Ejecutivo Federal. “Lo que le estamos pidiendo a Morena es que sea un organismo descentralizado, independiente y autónomo”.

Por lo anterior, pidió a los coordinadores parlamentarios de Morena, PT y PVEM que hagan una reflexión para que dejen a dichos organismos como descentralizados y que no le pasen sus atribuciones y facultades a otra dependencia.

En su oportunidad, la presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común A.C, María Elena Morera Mitre, sostuvo que la consecuencia de eliminar estos siete órganos autónomos llevará a que la democracia se obscurezca y el panorama se vea difícil y arbitrario, porque con ello viene una regresión ya que el gobierno ahora será juez y parte, además de que ahora podrán responder o no y nadie les hará rendir cuentas.

Mencionó que la mayoría de los estudios que realiza la organización están basados en la información que produce el gobierno del país, pero “cuando las instituciones no responden, dan datos incompletos o falsos siempre acuden al Inai”.

Además, añadió que con esta reforma se elimina la obligación que tiene el Inai de examinar, fiscalizar, promover la eficiencia, la eficacia y la legalidad, por lo que ahora será inútil pedirle información a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

El experto en temas energéticos, Gonzalo Monroy, explicó que la CRE y la CNH son organismos que proveen de un análisis técnico para la toma de decisiones, por lo que advirtió que la desaparición de los organismos autónomos en materia energética tendrá consecuencias que llevarán al país en una ruta de colisión ante los socios comerciales de México.

Redacción