Legisladores y legisladoras del Grupo Parlamentario de Morena propusieron un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para exhortar a María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, a informar sobre las acciones implementadas para contener la violencia dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3, en Ciudad Juárez, a fin de notificar sobre el saldo del motín al interior de la prisión el pasado 1 de enero y el paradero de los presos fugitivos.

“En este punto de acuerdo exigimos que exista información, que haya transparencia, queremos saber cuántas personas murieron, queremos saber cómo se está realizando la investigación, queremos saber cuál es el paradero de los presos que se fugaron, porque evidentemente hay una complicidad de las autoridades de ese estado y pedimos que se esclarezca a la brevedad posible. Basta de gobiernos involucrados en el crimen organizado”, manifestó el diputado Pablo Amílcar Sandoval.

A través de un comunicado, el parlamentario aseguró que en la Cuarta Transformación “hemos elegido atacar las causas y la gran corrupción que existía en el sistema de seguridad pública, la connivencia de las autoridades, de los gobiernos, la corrupción y la impunidad que permeaban en los actos de las autoridades”.

Por ello, señaló, se ha implementado una estrategia conjunta entre la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas: “La seguridad representa hoy en día, para los mexicanos, una de las prioridades, porque ya no queremos vivir como se vivía en el pasado”.

En ese sentido, mencionó el caso de Genaro García Luna, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y que hoy se encuentra detenido en Estados Unidos por narcotráfico.

“Tenemos muchos motivos para estar defendiendo la estrategia de seguridad que se ha adoptado en este periodo, en este proceso de transformación de nuestra patria”, dijo.

Sandoval Ballesteros recordó que el artículo 108 de la Constitución de Chihuahua establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, del estado y de los municipios, cuya finalidad es proteger la integridad y los derechos de la ciudadanía, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención de los delitos, así como su investigación y persecución.

El punto de acuerdo se turnó a la Primera Comisión de la Comisión Permanente para su dictaminación.

Redacción