Al intervenir en Comisiones, en donde se aprobaron reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como a los artículos 11 y 400 bis del Código Penal Federal, el senador Manuel Huerta señaló que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  (SHCP) se le reconocerá el papel de víctima u ofendida en delitos relacionados con operaciones ilícitas por lo que esa instancia “tendrá la fuerza para intervenir en los procesos penales y representar al interés público”.

En su exposición expresó que “tipificamos el delito de financiamiento al terrorismo y su encubrimiento, dejando claro que en México no habrá refugio para quienes usen el dinero para sembrar miedo, caos o inestabilidad. Exigimos obligaciones claras a sectores tradicionalmente permisivos como notarios, desarrolladores inmobiliarios, comerciantes de criptomonedas, arte y vehículos de lujo, quienes deberán cumplir con esquemas de identificación y reporte de operaciones”.

Con ello, dijo, “obligamos a identificar al beneficiario final real de cada operación, cerrando la puerta a los prestanombres y estructuras opacas que blindaban la impunidad”, afirmó el legislador veracruzano.

Precisamente, el dictamen actualiza las definiciones de Beneficiario Controlador, Cliente o Usuaria, Relación de Negocios, Desarrollo Inmobiliario, Financiamiento al Terrorismo, Persona Políticamente Expuesta, Representante Encargada de Cumplimiento de Riesgo y UMA (Unidad de Medida y Actualización), e incorpora lenguaje incluyente.

Al respecto, se establecen nuevas obligaciones para las personas que realizan actividades vulnerables, fortaleciendo su responsabilidad en la prevención y reporte de operaciones sospechosas.

El dictamen, sometido a la consideración de los integrantes de las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, abundó Huerta, se trató no sólo de la aprobación de la ley técnica, “sino de una decisión política y profundamente humanista: la de romper la red de complicidades que permitió que el crimen organizado lavara dinero en el sistema financiero en fideicomisos disfrazados de legalidad, en obras de arte que escondían transacciones millonarias y en operaciones que contaron durante años con la protección de sectores privilegiados del viejo régimen”.

En tiempos de la Cuarta Transformación, se tiene la prioridad de ir a las causas estructurales del delito, al tiempo de enfrentar con determinación sus consecuencias. “El objetivo no sólo es contener la violencia, sino desmantelar los entramados que la financian, la perpetúan y la legalizan en apariencia desde lo preventivo. Lo que hoy estamos haciendo desde el Senado es crear las condiciones para que las instituciones del Estado cuenten con las herramientas eficaces para cerrar el paso a la corrupción estructural y al dinero sucio que ha corroído durante décadas al sistema financiero nacional”, sostuvo el Senador del Pueblo.

Las reformas aprobadas, advirtió, no serán “letra muerta ni maquillaje legal, son una actualización integral que responde a la demanda popular de justicia, a los compromisos internacionales del Estado mexicano y a la voluntad de acabar con la impunidad financiera”.

En la discusión del dictamen, Manuel Huerta presentó reservas al artículo 3 de la Ley Federal para la Prevención de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, eliminando la fracción I bis, y al artículo 17, párrafo c, del inciso 12. La primera reserva, para que no se considere como actividad vulnerable las que llevan a cabo organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas. La segunda, para eliminar el umbral económico a las actividades de los corredores púbicos, con el objetivo de evitar condiciones desiguales con quienes realizan funciones equivalentes en materia de operaciones patrimoniales, como los notarios públicos.

Redacción