La diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (Morena) propuso adicionar un capítulo III Quáter al artículo 390 Ter del Código Penal Federal, a fin de sancionar hasta con 10 años de prisión el robo de identidad.
 

La iniciativa plantea que la pena para quienes incurren en estas acciones sea más dura en el caso de ser cometidas por profesionales del rubro informático y telemático. También se busca obligar a los congresos locales a adecuar sus normativas en el mismo sentido, explicó la legisladora por medio de un comunicado.
 

“El objeto de la presente iniciativa es tipificar en el Código Penal Federal la usurpación de identidad definiendo con mayor precisión y claridad las conductas que configuran estos actos ilícitos. Asimismo, establecer sanciones ejemplares que eviten la comisión de éste, de la misma manera en toda la República”.
 

México no cuenta con una normativa jurídica a nivel federal que sancione este grave problema, y a nivel estatal solo 16 entidades han tipificado el delito, pese a que el derecho a la identidad es reconocido en la Constitución.
 

Argumentó que “la usurpación de identidad es un delito que no sólo debe entenderse como un detrimento patrimonial, sino que presenta efectos secundarios, toda vez que acceden a información privada y a datos personales”.
 

Elizondo Guerra detalló que de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en los primeros cinco meses de 2021, se recibieron 8 mil 102 controversias por fraudes cibernéticos, relacionados directamente con la usurpación de identidad, lo que significa un 89 por ciento más que en 2020.
 

Este crecimiento exponencial de fraudes y usurpación de la identidad hacen necesaria una legislación que inhiba esta clase de delitos, permitiendo el desarrollo integral y seguro de las y los mexicanos en los medios digitales.