En el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a quien se involucra con el contrabando de combustibles, el senador Manuel Huerta indicó que será la Fiscalía Generalde la República quien sostenga sus acusaciones con pruebas y, por su parte, la autoridad judicial será la instancia que resolverá con independencia, ya que “México necesita verdad y rendición de cuentas”.
Al abordarse el tema en el apartado de Agenda Política de la Comisión Permanente, el legislador criticó a la oposición ya que, “cuando una investigación llega a los suyos, el discurso cambia; ya no quieren hablar de ‘que se investigue hasta sus últimas consecuencias’; no, dicen, es persecución, son presos políticos”.
“Estamos hablando de robo a la nación, de contrabando de hidrocarburos, de elusión fiscal, de evasión fiscal, de mecanismos financieros para ocultar recursos públicos de origen ilícito, y eso es delincuencia organizada”, sostuvo en la Comisión Permanente.
El legislador veracruzano recordó que incluso la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha aclarado que no le corresponde al Ejecutivo declarar culpables, por lo que se espera que sean los órganos de justicia quienes se pronuncien sobre este caso en particular, “sin menoscabo de ningún origen partidista, porque las biografías políticas no compran impunidad”.
El Senador del Pueblo aprovechó para recordar que, desde 2011, la periodista Ana Lilia Pérez documentó El cártel negro.
En el caso del exgobernador panista, reiteró: “No va a haber protección; las biografías partidistas no compran impunidad y nadie puede proclamarse fuera del imperio de la ley ni declararse perseguido político”.
Redacción
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