Es labor de la Suprema Corte analizar la validez de los procesos legislativos, cuando estos son impugnados aseguró el Ministro Javier Laynez Potisek.

Al dictar una conferencia sobre el Control Constitucional del Proceso Legislativo indicó que del 96 al 2023 la Corte resolvió 206 asuntos en los que ha evaluado presuntas violaciones ocurridas en procedimiento legislativo: 60 controversias y 146 acciones de inconstitucionalidad, 24 a nivel federal y 182 del orden estatal.

"El Pleno invalidó la norma impugnada por violaciones al proceso legislativo en 53 ocasiones, equivale al 25.72% de los casos. En 49 de ellos, las normas impugnadas eran estatales, mientras que únicamente en 4 asuntos las normas eran de carácter federal. 4 que en realidad son 3", precisó el Ministro.

Mencionó como ejemplo las impugnaciones al paquete de reformas político-electorales 2022-2023 promovidas por Morena y partidos satélites, por violaciones al procedimiento legislativo.

"Hay asuntos que son muy notorios, como el Plan B en materia electoral. Esas 6 leyes eran más o menos 510 artículos en su conjunto. Para mí, es un asunto relativamente claro, hay una dispensa de todo el trámite que conlleva, precisamente, a la exclusión de las minorías en el conocimiento de las iniciativas, ya no digamos la discusión.

En recorrido histórico mencionó el avance de los criterios de la Corte respecto a este tema y abordó los efectos de las sentencias cuando se refieren al derecho de consulta a personas indígenas y con discapacidad.

"A diferencia del proceso legislativo, aquí si es de  oficio. Y ¿cuál es la diferencia fundamental?, que ambas consultas están previstas en la Constitución porque son obligaciones convencionales", comentó.

Subrayó necesario que las y los legisladores regulen la consulta pues hasta el momento el máximo tribunal ha generado criterios estrictos que guían cómo deben llevarse a cabo.

Redacción