Las fuerzas armadas dejan 4.4 muertos por cada herido cuando participan en un enfrentamiento en este sexenio, mientras que las policías, 2.7, de acuerdo con un nuevo análisis realizado por las organizaciones Data Cívica e Intersecta.
El informe A(r)madas y letales, segunda parte del proyecto Con Copia Oculta, exhibe y compara el abuso de la fuerza de las fuerzas de seguridad castrenses y civiles, para cuestionar con evidencia que los militares sean mejores para encargarse de la seguridad pública y por eso tengan mejor aceptación en la sociedad, argumentos utilizados en la más reciente iniciativa de reforma para militarizar definitivamente a la Guardia Nacional y la seguridad pública.
En general, en enfrentamientos con autoridades el número de personas civiles fallecidas es mayor que el de heridas, lo cual refleja que su uso de la fuerza no es conforme lo que dice la ley, que establece que debería ser el último recurso cuando enfrentan a presuntos delincuentes. Es decir, que más bien tiran a matar
El análisis arroja que durante la actual presidencia de Andrés Manuel López Obrador las fuerzas armadas participan menos en enfrentamientos violentos que cuando gobernaba Felipe Calderón, iniciador de la llamada “Guerra contra el narco”, y ahora las policías estatales son las que se ven más involucradas en estos hechos.
Sin embargo, la letalidad de los militares sigue siendo mayor. “Si un civil fue afectado en un enfrentamiento donde estuvo presente la policía estatal, tiene tres veces más probabilidades de haber fallecido que de haber sido lesionado. El ejército, por el contrario, está presente en menos enfrentamientos que en sexenios anteriores.No obstante, si una persona fue afectada en los enfrentamientos donde el ejército está presente, la probabilidad de que haya fallecido es cuatro veces mayor a que se haya lesionado”, señala el informe.
Su letalidad es también mayor si se comparan las cifras de detenidos, sobre todo si actúan solas y no en conjunto con una corporación policiaca civil: en los enfrentamientos del Ejército la letalidad es de 1.5 fallecidos por detenido, frente a menos de 0.4 cuando en ese evento estuvo presente también otra corporación.
Cabe resaltar que estos resultados se calcularon a partir de datos oficiales que el gobierno mexicano ha integrado con registros de hechos de violencia que atribuye al crimen organizado y su combate.
La primera versión la hizo pública la presidencia en 2011 pero luego la eliminó, y dos versiones posteriores han sido filtraciones al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y a finales de 2022 tras el hackeo del colectivo Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El nuevo informe compara además la violencia e irregularidades cometidas por distintas corporaciones al momento de arrestar personas, a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2021. Nuevamente, aunque las fuerzas militares participan en menos detenciones, cuando lo hacen, cometen más abusos.
Una primera diferencia es que las autoridades civiles arrestan con una orden judicial el 19.7% de las veces, mientras que las fuerzas armadas sólo tienen una orden en 6% de los casos y la mayoría de sus detenciones son en flagrancia o después de una inspección.
Las fuerzas armadas ejercen violencia psicológica contra las personas que arrestan el 79.5% de las veces, frente al 66.4% de cuando la detención la hacen autoridades civiles, y aplican violencia física el 67.7%, mientras que las fuerzas civiles lo hacen el 50.6% de veces.
Otro abuso notorio es que las fuerzas armadas cometen violencia sexual contra la mitad de las personas que arrestan (49.6%), mientras las civiles lo hacen con una de cada tres (34.3%).
Dado que los datos muestran que las fuerzas armadas siguen siendo más letales y violentas, el informe sugiere que es necesario que mejoren sus mecanismos de rendición de cuentas —como los informes públicos anuales que por ley están obligadas a elaborar— y volver a apostar por el modelo de seguridad con instituciones civiles y no militares, como está establecido actualmente en la Constitución. *
