La Titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, llamó a buscar opciones que permitan una adecuada aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), que entró en vigor el 19 de julio de 2017, en el marco de las disposiciones legales que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción.
Al reconocer que la implementación de cualquier marco jurídico conlleva periodos de adaptación, perfeccionamiento y consolidación, explicó que el Decreto por el que se expidió la LGRA, omitió determinar el tratamiento que se debería otorgar a las investigaciones administrativas aún no iniciadas antes de la entrada en vigor de dicha ley, por hechos acontecidos mientras estuvo en vigor la abrogada Ley Federal.
No obstante, con relación a la anterior ley federal, destacó que la LGRA estableció la posibilidad de sancionar a particulares que incurran o participen en hechos de corrupción e incluyó los principios de presunción de inocencia y respeto a los derechos humanos.
Al inaugurar el encuentro “El fortalecimiento y consolidación del régimen de responsabilidad administrativa”, expresó su confianza en que, a partir de este diálogo, surgirán ideas innovadoras y propuestas de mejora y fortalecimiento del régimen de responsabilidad administrativa.
En presencia del Auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, y de Magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Titular de la SFP expuso que el conversatorio también aborda el tema de los formatos para la declaración de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos, cuya propuesta y aprobación está a cargo del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, respectivamente.
Ante el representante del Comité de Participación Ciudadana, Alfonso Hernández Valdez, estableció que la finalidad es asegurar la homologación de dichos formatos en las entidades federativas, para facilitar la sistematización de los registros, agilizar su búsqueda e identificar irregularidades con mayor prontitud.
Dijo que se discutirá en torno a los trabajos para diseñar e iniciar la operación de la Plataforma Digital Nacional, bajo la responsabilidad del Comité Coordinador, que estará integrada por seis sistemas electrónicos, entre ellos, el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados.
El Titular de la Auditoría Superior de la Federación dijo que este tipo de espacios son necesarios para sentar las bases para la implementación de un nuevo modelo, que tenga un impacto positivo en la rendición de cuentas de nuestro país. Consideró además que el régimen de responsabilidades es un componente fundamental para el éxito de la política del Estado mexicano en materia anticorrupción.
Además, señaló que el diseño y contenido de la LGRA es un aspecto que define, en gran medida, la fortaleza del régimen de responsabilidades, por lo que, sin dejar de reconocer sus aportaciones, dijo que la arquitectura de dicho régimen depende de factores como la disponibilidad de recursos de los entes que implementan la ley, la creación de capacidades y el intercambio efectivo de información.
Llamó a seguir trabajando en la materia y celebró la realización del conversatorio; además explicó que, con base en esquemas de inteligencia interinstitucional, el régimen de responsabilidades administrativas puede convertirse en un factor de peso para instaurar modelos efectivos de prevención en el ámbito del combate a la corrupción.
Con información de SFP
