La Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga a los gobernadores salientes de Michoacán, Colima, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Baja California Sur, Guerrero, San Luis Potosí y Campeche, quienes concluirán sus encargos en lo que queda de año y hasta ahora no han aclarado manejos irregulares de 16 mil 657 millones de pesos.
Según informes de la ASF de junio pasado, el Gobierno de Michoacán es el que más irregularidades presenta, con 7 mil 764 millones de pesos por aclarar durante los años 2012 y 2013, cuando Fausto Vallejo Figueroa era el gobernador.
Entre las observaciones observadas en estas nueve entidades hay posibles daños a la Hacienda pública, tales como traspasos a cuentas no autorizadas, dinero generado por intereses o subejercicio que no se reintegraron a la Federación.
Las revisiones incluyen los fondos de aportaciones para la educación básica, salud, infraestructura social, aportaciones múltiples, educación tecnológica y de adultos, la seguridad pública, y los convenios celebrados con el Gobierno Federal.
La cantidad detectada por posibles manejos irregulares en estos nueve estados es similar al presupuesto de Aguascalientes de este año, 17 mil 15 millones de pesos.
Los casos por aclarar:
En Michoacán, la ASF investiga, entre otras anomalías, la compra de un vehículo por 228 mil 180 pesos que no cumplía con los fines de la Ley de Coordinación Fiscal, o la compra de medicamentos que no forman parte del catálogo universal de salud por 4 millones 472 mil 357 pesos. Así como pagos indebidos a la Sección 18 del SNTE.
En Nuevo León, el gobierno de Rodrigo Medina subejerció 89 por ciento de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Estatal, lo que equivale a 54 millones 706 mil 700 pesos al cierre de 2013.
Para Querétaro, la autoridad encontró que se destinaron 225 mil 264 pesos del fondo de Aportaciones Múltiples al pago de prestaciones no autorizadas por el Consejo de Trabajadores de la Universidad local.
El Gobierno de Campeche usó, en 2013, 6 millones 644 mil pesos al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica para comprar vales para uniformes deportivos, o medallas, objetos que no se consideran como financiables con este fondo.
En Baja California Sur, el gobierno de Marcos Alberto Covarrubias destinó un millón 688 mil 720 pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud al pago de seis médicos especialistas que no tienen la documentación mínima indispensable para acreditar el perfil de la plaza para el que se les contrató.
Por su parte, la administración de Sonora realizó transferencias por 100 millones de pesos a cuentas bancarias estatales durante seis meses y gastó 7 millones 10 mil 500 pesos en una partida distinta a la autorizada.
En San Luis Potosí, la ASF detectó que los servicios de salud pagaron 514 mil 400 pesos a dos médicos que llevaron a cabo funciones administrativas.
La administración de Ángel Aguirre en Guerrero destinó un millón 817 mil 448 pesos del fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud para pagar los salarios de 72 empleados que estaban dados de baja.
Por último, el Gobierno de Colima gastó 3 millones 951 mil pesos para pagar el 60 por ciento del valor de un vehículo blindado en 2012.
Con información de Milenio.
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