Tabasco.- Diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (morena) en el Congreso de Tabasco a través de la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, aprobaron este fin de semana cambios al código penal del Estado para que quienes cometan delitos que limiten la libertad de tránsito, es decir, a quienes realicen manifestaciones en vías de comunicación.
Quieren volver delincuente a cualquiera que se atreva a reclamar un derecho, o exigir un servicio creando una “Ley Anti Marchas”.
— Ingrid Rosas Pantoja (@Ingrid_rosas) July 28, 2019
Saludos, un abrazo. https://t.co/Jjz3O3WV7C
Vean y escuchen a la diputada presidenta de la comisión que con votos de #Morena aprobó el dictamen de la #LeyGarrote que este lunes se votará en el pleno. Claramente dice que la iniciativa fue presentada por el gobernador morenista @adan_augusto https://t.co/w8KSzG1VEL
— Julio Astillero (@julioastillero) July 29, 2019
Esta reforma solicitada por el gobernador de Morena en la entidad Adán Augusto López Hernández, busca castigar con hasta 13 años a quienes obstaculicen la ejecución de trabajo y obra pública o interferir el servicio de comunicación, la cual podría aprobarse hoy mismo por el pleno del congreso local.
Entre lo más relevante de esta reforma a la ley conocida en redes sociales como #LeyGarrote, se destaca que cualquier persona que obstaculice el libre tránsito total o parcialmente, se hará acreedor a una pena que va desde 1 a 5 años de prisión, pena que aumentará en caso de ocupar a menores de edad para ese fin.
En cuanto a detener, obstaculizar u oponerse a trabajos de obra pública, las penas van de los 6 a los 13 años de cárcel, mientras que por interrumpir el servicio público de comunicación se podrá imponer una pena de 6 meses a 4 años de prisión.
Por detener el transporte público se podría penar con hasta 8 años de cárcel, y en caso de que la protesta sea realizada por ex funcionarios o ex colaboradores de instituciones policiacas, además de las penas carcelarias, también se harán acreedores de una inhabilitación que va de los 5 a los 10 años para desempeñar cargos públicos.
Sobre la Ley de la que tanto se habla y con diferentes sobre nombres, habla la diputada @Ingrid_rosas de una manera muy clara y precisa. https://t.co/KZydNrrzYl
— Rocío Jiménez Mtz. (@rociojimenez15) July 29, 2019
Con información de Proceso
