La Comisión de Gobernación y Población analiza reformas para dar identidad y acceso a políticas públicas para las personas que viven en la calle, toda vez que en México cerca del 13.3 por ciento de la población vive en indigencia; es decir, 14 millones 940 mil mexicanos, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
En una iniciativa, la proponente, diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) expuso que las poblaciones callejeras han sido históricamente invisibilizadas, ya que no aparecen en las estadísticas, dado que el Consejo Nacional de Evaluación Política (Coneval), se basa en encuestas en hogares generadas por el Inegi.
Indicó que conforme a un censo realizado en la Ciudad de México se logró contabilizar a 4 mil 354 personas que viven y sobreviven en las calles de la ciudad, y a dos mil 400 habitan en albergues públicos y privados.
En la calle, están expuestas al narcomenudeo, explotación sexual, trata de personas. Por ello, dijo, es fundamental que esta legislatura establezca un precedente para que tengan derecho a la identidad, independientemente de no tener un domicilio.
Puntualizó que carecen de derechos por no contar con domicilio, porque este requisito está vinculado a la identidad, y por lo tanto, quedan al margen de toda política pública dirigida a las poblaciones más vulnerables. “No tienen acceso a la vivienda, salud, educación y alimentación”.
La integrante de la Comisión de Derechos Humanos expuso que 47 por ciento de estas personas salieron de sus casas por violencia y, 11 por ciento, debido al consumo de drogas. Además, datos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, alertan sobre el aumento de migrantes en las poblaciones callejeras, principalmente hondureños, guatemaltecos y salvadoreños.
Por ello, planteó reformar diversas disposiciones de las leyes generales de Población; Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; Asistencia Social, y Derechos de las Personas Adultas Mayores, a fin de reconocer la potestad que tiene todo individuo a la identidad y sea incorporado a los registros civiles de competencia estatal por mandato constitucional.
Con información de Cámara de Diputados
