Un jurado de una Corte Federal en Tucson, Arizona, declaró hoy a dos mexicanos culpables del homicidio del agente de la Patrulla Fronteriza, Brian A. Terry, en diciembre de 2010.
Fuentes judiciales informaron que Iván Soto Barraza y Lionel Portillo Meza, conocido también como Jesús Leonel Sánchez Meza, fueron declarados culpables de nueve cargos relacionados con la muerte de Terry, entre los que está incluido el de homicidio en primer grado.
Ambos mexicanos podrían recibir una sentencia de cadena perpetua cuando el jurado decida el castigo que se les impondrá.
Terry murió el 14 de diciembre de 2010, al ser atacado a balazos por cinco hombres que traficaban droga en un área cercana a Nogales, Arizona, unos 16 kilómetros al norte de la frontera con México.
Su muerte se ha mantenido como un caso relevante luego de que dos rifles automáticos AK-47 encontrados en el lugar de los hechos, formaron parte de las armas contrabandeadas a México bajo la denominada “Operación Rápido y Furioso”.
Dicha operación permitió a los traficantes enviarlas a México a pesar de que eran monitoreadas por agentes federales estadunidenses.
Sin embargo, el juez federal a cargo del caso, David C. Bury, prohibió que en el juicio se hiciera mención de esa operación.
Las autoridades federales dieron prioridad a la investigación y búsqueda de los cinco presuntos responsables del homicidio, y fueron identificados todos ellos, incluidos Soto Barraza y Portillo Meza.
Un sexto acusado, Rito Osorio Arellanes, quien estaba bajo custodia en el momento del asesinato del agente Terry, se declaró culpable de conspiración para interferir con el comercio por robo y fue sentenciado a ocho años de prisión en enero de 2013.
Su hermano Manuel Osorio Arellanes fue detenido la noche misma en que ocurrieron los hechos y se declaró culpable de participar en el homicidio, por lo que fue sentenciado en febrero pasado a 30 años de prisión.
Los otros dos implicados, Jesús Rosario Favela Astorga y Heraclio Osorio Arellanes, permanecen como fugitivos y las autoridades estadunidenses ofrecen una recompensa de 250 mil dólares por información que conduzca al arresto de cada uno de ellos.
