La violencia y la extorsión en la frontera norte se han convertido en una amenaza directa al crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).

A través de un comunicado, la organización explicó que en lo que va del año, se han registrado 8 mil 585 víctimas de extorsión en el país, un incremento de 5.2% respecto al mismo periodo de 2024, y de ellas, el 11.8% ocurrió en los 43 municipios fronterizos, lo que refleja un aumento del 15.2% en comparación con el año pasado.

En ese sentido, señalaron que estas cifras revelan una realidad alarmante: la franja fronteriza, vital para el comercio exterior y la industria nacional, enfrenta un deterioro acelerado en sus condiciones de seguridad.

Por ello, la COPARMEX reafirmó que la seguridad es la base del Estado de Derechos y condición indispensable para el desarrollo económico y social.

“Las extorsiones, el cobro de piso y las amenazas afectan especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que son el corazón productivo de nuestras comunidades. Cuando un empresario se ve obligado a cerrar, trasladarse o trabajar bajo amenaza, se pierde mucho más que un negocio: se pierden empleos, oportunidades y confianza”, aseveraron.

Acotaron que la Estrategia Nacional Antiextorsión reportó 59 mil 283 llamadas relacionadas con este delito entre el 6 de julio y el 28 de septiembre de 2025:

“Aunque el 74% de estos intentos no se concretó, 5 mil 959 extorsiones fueron consumadas o contaron con datos suficientes para abrir carpeta de investigación. Sin embargo, la cifra negra por este delito alcanza el 97%, lo que implicaría que solo se está atendiendo al 3% de los casos reales. Este fenómeno crece a un ritmo inaceptable, sin que existan respuestas proporcionales ni políticas públicas efectivas para frenarlo”

Recordaron que la frontera norte, que abarca 3 mil 200 kilómetros de extensión y seis estados estratégicos —Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas—, representa el principal motor exportador del país:

“Esta región enfrenta graves desafíos derivados del tráfico ilegal de personas y mercancías, del contrabando y de la disputa entre grupos que operan bajo la ley por el control de rutas. Esta combinación de factores incrementa la violencia y la vulnerabilidad de la actividad económica”, puntualizaron.

“A esto se suma el impacto humano: más de 135 mil personas permanecen desaparecidas en México, y en estados fronterizos como Tamaulipas y Nuevo León se concentra una parte significativa de estos casos. Además, en lo que va del año, 1 de cada 4 asesinatos (homicidios dolosos y feminicidios) ocurrieron en alguna entidad fronteriza. La impunidad en materia de desapariciones y delitos violentos mina la confianza en las instituciones y debilita la percepción de justicia, un pilar esencial del Estado de Derechos”, añadieron.

Destacaron que los Centros Empresariales de COPARMEX que se encuentran en ciudades fronterizas han documentado el creciente clima de inseguridad y extorsión que enfrentan sus agremiados:

“Las amenazas, cobros ilegales y hostigamientos han limitado la actividad productiva y desincentivado nuevas inversiones. Esta situación no puede normalizarse ni quedar fuera de la agenda nacional”.

“Consideramos urgente que el Senado de la República dictamine a la brevedad la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, aprobada recientemente por la Cámara de Diputados. Esta legislación representa una oportunidad para homologar criterios, fortalecer la coordinación entre autoridades y dotar de mayores herramientas legales a las fiscalías estatales”

Por último, recordaron que seguirán insistiendo en que la seguridad debe ser prioridad nacional:

“Sin ella, ningún esfuerzo económico, social o político podrá sostener el futuro que nuestro país merece”

Redacción