La propuesta de sustituir al Consejo de la Judicatura Federal por un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración, no contempla las funciones de vigilancia, inspección, contraloría e investigación; acciones multifactoriales que atiende el CJF, explicó Lilia Mónica López Benítez, actual consejera de la Judicatura Federal.
Al participar en los Diálogos Nacionales sobre la Reforma al Poder Judicial, expresó su preocupación frente a la propuesta de que el Tribunal de Disciplina sea el encargado de determinar si las o los juzgadores se excedieron en el ejercicio de su labor jurisdiccional.
"Este órgano no debería revisar el criterio juridisccional pues existe todo un sistema recursal de intancias y mecansimos de impugnación. Pretender lo contrario, convertiría al Tribunal de Disciplina en un órgano inquisitorio y de persecución" afirmó la consejera y apuntó que esta decisión atentaría contra los principios constitucionales y tratados internacionales que establecen la obligación de los Estados de garantizar la independencia judicial, entendida como un componente esencial del derecho humano a un juicio justo y a la protección judicial efectiva.
A su vez, la magistrada María Emilia Molina de la Puente destacó que la elección popular, además de posibilitar la existencia de conflictos de intereses, no ha garantizado en los otros dos poderes la ausencia de corrupción entre las personas electas.
"La creación de un tribunal de disciplina en los terminos propuestos en la iniciativa implica una amenaza latente para las personas juzgadoras que atenta directamente contra la independencia judicial" señaló la representante del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Como parte de las mesas de trabajo convocadas por la Comisión de Puntos Constitucionales de ambas Cámaras, magistradas coincidieron en que la elección popular no ha garantizado la ausencia de corrupción como ocurre en los otros poderes.
Reiteraron que el retiro masivo de jueces y magistrados implicaría un retroceso en el Sistema de Impartición de Justicia y llamaron a generar una Reforma estructural, seria y responsable, que incluya la actuación de las fiscalías.
Redacción