El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) demandó una mayor participación de la defensoría pública, elaborar un programa nacional de prevención y establecer el Registro Nacional del Delito de Tortura para combatir y erradicar ese flagelo.

Durante el Foro de Análisis “Implementación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura”, subrayó la obligación del poder público de respetar el debido proceso y brindar a las personas el máximo de protección del sistema de justicia.

En el evento, realizado en coordinación con la Asociación para la Prevención, destacó que en la lucha por erradicar la tortura se requiere mayor presencia de la Defensoría Pública en las audiencias iniciales ante el juez de Control y en las Agencias del Ministerio Público.

También se requiere elaborar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y los Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y que la Procuraduría General de la República (PGR) garantice la participación de todas las voces en la conformación del citado programa.

Resaltó la importancia de establecer el Registro Nacional del Delito de Tortura, que será la herramienta de investigación de información estadística, que incluye los datos sobre todos los casos en los que se denuncie e investigue dicho fenómeno, incluido el número de víctimas.

Ninfa Delia Domínguez Leal, directora ejecutiva del Mecanismo Nacional, adscrito a la CNDH, subrayó que el poder público tiene el deber y obligación de respetar el debido proceso y no puede perseguir delitos a costa del mismo e indicó que el sistema de justicia tiene como su centro a la persona humana, a la que debe dar el máximo de protección.

Dio a conocer que del 1 de enero de 2017 al 29 de agosto de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró 618 expedientes de queja por detenciones arbitrarias; 496 por tratos crueles, inhumanos y/o degradantes y 118 por tortura.

Explicó que en los 118 expedientes por tortura registrados las entidades donde hubo más casos fueron Estado de México, Tamaulipas y Ciudad de México, así como el municipio de Tijuana, Baja California, en tanto que la Policía Federal y la Procuraduría General de la República fueron las autoridades más señaladas como responsables de esos actos.

Información de: Notimex