Al presentar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2018, el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que México no podrá superar la situación que enfrenta en materia de seguridad y justicia si no revisa y atiende los problemas de su sistema penitenciario.

“Lograr la efectiva reinserción social de quien está privado de su libertad sigue siendo más una aspiración que una realidad concreta”, aseguró.

Ante ese panorama, destacó que desde la CNDH se ha señalado de manera reiterada la necesidad de diseñar y desarrollar políticas públicas que promuevan la justicia social, de manera general, y la justicia restaurativa, de manera específica, así como promover condiciones dignas de encarcelamiento y sensibilización acerca de que las personas en reclusión también son integrantes de la sociedad, y valorar la labor del personal penitenciario como servicio social de particular importancia.

Respecto de la cancelación de las Islas Marías como centro penitenciario, González Pérez, señaló que no obedeció a un camino deficiente a la reinserción social, y en opinión de la CNDH era el mejor o de los mejores centros penitenciarios para hacer vigente un principio constitucional, y remitió a revisar las buenas calificaciones obtenidas en años anteriores.

Alertó sobre el riesgo de que se rebasen los espacios penitenciarios con la prisión preventiva oficiosa, que para la Comisión Nacional representa un retroceso, porque puede tener a inocentes en la cárcel durante el tiempo del proceso y a responsables absueltos al término del mismo, porque no se acompaña de lo que debe ser la prisión preventiva justificada que procedería sobre cualquier delito.

Redacción