El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, le exigió al gobierno mexicano que diga si es cierto o no lo que señaló la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos en términos de que ya se hizo la solicitud formal a la presidenta de México para que entregue los biométricos y ella se mostró abierta a esa posibilidad.

En entrevista, puntualizó que otorgárselos sería firmar la sentencia de muerte de millones de migrantes que están en Estados Unidos y serían perseguidos, utilizando esta información.

“Es muy preocupante que no existan controles, por eso vamos a proponer que existan controles, pero segundo, cuando esto se pone en el contexto de un gobierno autoritario en lo local y del gobierno de Estados Unidos, presumiendo que ya solicitó formalmente los biométricos de los mexicanos, pues nos parece doblemente grave”, señaló.

Sobre la Ley de Personas Desaparecidas, enviada por la presidenta, dijo que es un cheque en blanco para que el gobierno tenga acceso a toda la información de bancos, el INE, hospitales, compras, Amazon, Mercado Libre. Por eso Acción Nacional buscará enriquecerla para que haya herramientas de búsqueda, pero sin vulnerar la privacidad de las y los mexicanos.

Explicó que el PAN coincide con el objetivo fundamental de dotar al Estado mexicano de las herramientas necesarias para poder ubicar a las personas desaparecidas.

“Sí, a que el gobierno tenga las herramientas para encontrar a los desaparecidos. No, a que sin controles se pueda vulnerar la privacidad, los datos personales de cualquier mexicana o mexicana”, expuso.

Pero en la iniciativa se muestra una entrega de facultades de control al gobierno sin que exista una obligación de rendir cuentas, ni se garantice que no haya mal uso de la información.

El artículo 12 bis, detalló, le da al gobierno la posibilidad de acceder a la información de cualquier ciudadano de bases de datos que tengan servicios financieros, transporte, salud, biométricos, servicios de paquetería, Amazon, Mercado Libre, registros patronales de seguridad social, inclusive los religiosos, instituciones de seguridad privada, y también obliga a todas las autoridades, incluyendo al INE a entregar la firma, la fotografía y la huella dactilar.

Acción Nacional propone se establezcan controles, es decir, porque se ha visto cómo se exhibe información privada de periodistas, de activistas, de defensoras y defensores de derechos humanos, de opositores, porque “toda esta información en las manos equivocadas puede hacer muchísimo daño en el país”.

El senador Anaya advirtió que le parece delicado que se quiera utilizar una enorme tragedia, como la del rancho Izaguirre, para obtener información que en otras circunstancias los ciudadanos no estarían dispuestos a entregarle al gobierno.

Redacción