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La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dialogará con las consejeras y consejeros y la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, para analizar el presupuesto de más de 13 mil millones de pesos que solicitaron para la elección de jueces, ministros y magistrados, informaron su presidenta Merilyn Gómez Pozos y su secretario, Arturo Ávila Anaya, ambos de Morena.

“En la comisión vamos a analizar con lupa estos requerimientos. La puerta está abierta de una vez para platicar con los consejeros y la presidenta del INE para poder llegar a un mejor acuerdo, porque obviamente se nos hace excesivo, haciendo una comparación con el proceso electoral que tuvimos en el 2024, que fue el proceso más grande de la historia de México y que tuvo un costo por debajo de los 9 mil millones de pesos”, indicó la diputada Merilyn Gómez Pozos en rueda de prensa.

La diputada expresó su asombro por la petición que está haciendo el INE de un presupuesto de arriba de los 13 mil millones de pesos para cumplir con los requerimientos de la próxima elección de personas juzgadoras en México.

“Honestamente tampoco vemos mucha seriedad en sus requerimientos, cuando la primera cifra que mencionaron fue de 7 mil millones de pesos, lo cual nos parecía algo más razonable, tratándose que era un presupuesto para abajo del presupuesto del 2024; luego mencionaron una segunda cifra de 11 mil millones de pesos y ahora está por arriba de los 13 mil millones de pesos. Si nos esperamos un poquito más, la cifra va a ir aumentando”, señaló.

La diputada recordó que el presupuesto global solicitado por el INE es superior a los 35 mil millones de pesos. Entonces “estos 13 mil millones sólo se contemplan para la elección de juzgadores, lo que equivale a un año del programa “Sembrando Vida” y está por encima de un año del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

“Por eso es muy importante que una vez que recibamos este Paquete Económico podamos tener un encuentro con ellos y discutir o dialogar sobre todo en cómo podemos ajustar y tener una elección eficiente de juzgadores el próximo junio con un presupuesto razonable”, subrayó.

Gómez Pozos aseguró que en el Paquete Económico van a salir muy bien las cuentas y previó que se aprobará el 15 de diciembre a más tardar, ya que “he estado en comunicación permanente con la subsecretaría de Egresos, Bertha Gómez, lo cual nos abre una ventana importante a la Comisión de Presupuesto para que conozca de las necesidades de quienes nos han venidos a visitar para poder incluir en este primer saque de paquete económico que nos va a llegar”.

Por su parte, el diputado Arturo Ávila Anaya, vocero del Grupo Parlamentario de Morena, consideró que no es menor lo que está pidiendo la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ya que el presupuesto precautorio del Consejo General de INE dio una cifra de 13 mil 205 millones de pesos, lo que significa un incremento de más de 4 mil 400 millones de pesos en comparación al costo de la elección federal de 2024, que fue de 8 mil 802 millones de pesos.

Aseguró que en el proyecto denominado para “organizar procesos electorales del Poder Judicial”, el 50 por ciento de los costos que está considerando el INE tiene que ver con gastos de sueldos.

“No es proporcional al número de empleos necesarios para una elección tan importante como la del año 2024; no hay una lógica presupuestal, ya que no se considera gasto corriente para los partidos políticos ni materiales específicos que se vayan a utilizar. Los tiempos contemplados en las reformas son de radio y televisión oficial, y se incluyen mecanismos de difusión mediante asambleas”, especificó.

De entrada, precisó que más de mil 124 millones de pesos están asignados a la dirección de administración, 4 mil 522 millones de pesos para la dirección de organización electoral, que considera el tema de boletas y otros materiales, y 6 mil 380 millones de pesos para la dirección de capacitación y educación electoral, que incluye la remuneración de personal.

Por eso, reiteró el llamado al INE, con mucho respeto y considerando su autonomía, para que revisen cada uno de los rubros y aspectos del presupuesto para la elección de jueces, ministras y magistrados, ya que “no creemos que este pueda ser el costo real de la elección. Creemos que la cifra debería estar, como mínimo, a la mitad y que la Comisión puede ayudar con sus expertos a hacer un presupuesto más cercano a lo que hoy pide el pueblo de México: la austeridad republicana”.

Redacción

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La Cámara de Senadores impuso con la mayoría de morena y partidos rémoras a María del Rosario Piedra Ibarra para la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por un nuevo periodo de cinco años, que comprenderá del 16 de noviembre de 2024 al 15 de noviembre de 2029.

En total, se emitieron 127 votos por cédula, de los cuales, 87 fueron a favor de Rosario Piedra Ibarra, por lo que alcanzó la mayoría calificada que se requiere para su designación; 36 votos fueron para Nashieli Ramírez Hernández y uno para Paulina Hernández Diz. Además, se emitieron tres votos nulos.

Luego de su aprobación, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, le tomó la protesta correspondiente para asumir el cargo y le entregó la constancia que la acredita como titular de la CNDH.

Conforme al procedimiento que acordó el Pleno del Senado para garantizar la transparencia de la elección y mantener la secrecía de los votos, las secretarias de la Mesa Directiva, Verónica Camino Farjat, de Morena, e Imelda Sanmiguel Sánchez, del PAN, dieron cuenta de las 128 cédulas de votación.

Dichas cédulas fueron firmadas por los presidentes de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña; de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández; así como los coordinadores parlamentarios del PAN, María Guadalupe Murguía Gutiérrez; del PRI, Manuel Añorve Baños; y de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich.

Las y los senadores fueron llamados por orden alfabético, uno por uno firmó una lista para recibir la boleta y poder depositar su voto en la urna transparente que se colocó al centro del salón de sesiones.

Previamente, al fundamentar el dictamen, la senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, destacó que la terna estuvo integrada únicamente por mujeres, cuyos perfiles son idóneos para cumplir con las responsabilidades del cargo y que, además, responden con lo que la sociedad demanda para una ombudsperson en México.

Consideró que las propuestas de trabajo de Hernández Diz, Piedra Ibarra y Ramírez Hernández prometen que la CNDH llegue a los lugares donde se encuentren las víctimas y para que sus recomendaciones se cumplan y tengan un efecto reparatorio.

La senadora adelantó que, independientemente de la decisión del Senado, las y los legisladores seguirán de cerca el desempeño de la presidenta de la Comisión Nacional buscarán ser un vínculo entre el organismo y las organizaciones de la sociedad civil, además de que coadyuvarán con los planes de reestructuración que las tres finalistas propusieron para la comisión nacional.

En la ronda de posturas a favor y en contra del dictamen, Óscar Cantón Zetina, de Morena, indicó que “nosotros queremos una CNDH que no sea golpista. La oposición, así como quería una Suprema Corte a modo, quieren una comisión a modo. No entienden que ya pasó esa época y se ha cambiado totalmente el ritmo de la vida pública nacional”.

Gustavo Sánchez Vásquez, del PAN, subrayó que al frente de la CNDH se debe tener a alguien con autonomía del gobierno. “No podemos tener una comisión callada o sumisa, que esté a la orden de lo que el gobierno le permita actuar o decidir”, dijo.

Por el PRI, la senadora Claudia Edith Anaya Mota criticó que Piedra Ibarra haya sido la “peor evaluada” en el proceso de selección de aspirantes, además de que haya presentado una carta de recomendación “apócrifa”. Acusó, además, que su primer periodo al frente de la comisión fue un “fraude”, pues no emitió recomendaciones contra abusos de poder, por lo que “dejó solas a las víctimas”.

María del Rocío Corona Nakamura, del PVEM, pidió a la próxima presidenta de la CNDH que impulse políticas, estrategias y opiniones en favor del bienestar de la ciudadanía; “sabemos que quien encabece estos esfuerzos, será la vocera de los más desfavorecidos, guardiana e impulsora del proceso de transformación y referente de la lucha por los derechos humanos”, añadió.

Amalia García Medina, senadora de Movimiento Ciudadano, consideró que hoy urge una CNDH consistente, ante 115 mil personas desaparecidas o no localizadas. “Sufrimos un deterioro en la protección de los derechos humanos que debe y tiene que ser superado, ese tiene que ser el compromiso del gobierno de la república”, dijo.

Previamente, se presentaron votos particulares de los senadores Ricardo Anaya Cortés, Marko Cortés Mendoza, Laura Esquivel Torres y Verónica Rodríguez Hernández, del PAN; Cristina Ruíz Sandoval, del PRI; Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano; y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena.

Redacción

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