El Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá publicar la información sobre los estímulos fiscales otorgados en 2013, instruyo el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
En respuesta a un recurso de revisión presentado por un particular, que se inconformó con la clasificación realizada por el SAT aludiendo al secreto fiscal.
"En México, la información sobre estímulos fiscales no ha recibido la misma atención que el gasto público en términos de escrutinio y fiscalización. Sin embargo, dado que se trata de los recursos necesarios para cumplir con las funciones de gobierno y garantizar el cumplimiento de los derechos de los mexicanos, la sociedad debe conocer sobre ellos", señala el Instituto en un comunicado.
"La reserva de información invocada por el SAT no aplica para entidades públicas porque el secreto fiscal no aplica a personas morales de derecho público y porque en el caso de personas morales de derecho público, este costo debe ser publicado para probar que los estímulos se otorgaron con objetividad, justicia y con miras a maximizar el bienestar de la ciudadanía", detalló el comisionado ponente Joel Salas Suárez en el análisis del caso.
Por ello, el IFAI instruyó al SAT a entregar información de personas de derecho público que fueron beneficiadas con un estímulo fiscal durante 2013, y en qué consistió dicho estímulo.
También a entregar información de personas físicas y morales de derecho privado que fueron beneficiadas con un estímulo fiscal durante 2013, y en qué consistió el mismo, respecto a contribuyentes que en virtud de una disposición tributaria, se prevé la publicación de dicha información.
Asimismo, el SAT deberá emitir acta fundada y motivada de clasificación de información, relativa a personas físicas y morales de derecho privado que recibieron un estímulo fiscal, respecto de aquellos contribuyentes cuya publicación no se encuentra prevista por alguna disposición fiscal.
"Los estímulos fiscales deben ser otorgados cuidando que no deriven en desigualdad de oportunidades para la sociedad y que no vayan en detrimento de la capacidad recaudatoria del gobierno. Es cierto que se debe proteger la confidencialidad de los contribuyentes, pero también debe prevalecer el principio de máxima publicidad. Cuando se involucren recursos públicos, la reserva de la información no aplica”, comentó el comisionado Salas, citado en el comunicado.
Información de: El Financiero
