En Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, las y los diputados aprobaron el proyecto de dictamen por virtud del cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado; uno de los objetivos es aprovechar adecuadamente el capital humano, los recursos materiales y financieros del Poder Judicial.
La iniciativa, presentada en su momento por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, plantea una reestructura al Poder Judicial del Estado, misma que se considera provechosa para redirigir el capital humano, los recursos materiales y financieros asignados originalmente a la Sala Constitucional, hacia el Tribunal Superior de Justicia, para obtener con ello, entre otras cosas, el fortalecimiento de la estructura de los tribunales de segunda instancia, que implica contar con mayores recursos para atender el derecho humano de acceso a la justicia.
También plantea la modificación de la Sala Constitucional como órgano del Poder Judicial independiente del Tribunal Superior de Justicia, pero manteniendo el control constitucional local a través de la conservación de la jurisdicción especializada de las magistradas y magistrados que la integren, quienes constituirán la Sala Especializada en Materia Constitucional. Por otro lado, se amplía la jurisdicción de dicha Sala, a fin de que resuelva asuntos de jurisdicción ordinaria.
Con lo anterior, los integrantes, insumos y presupuesto de la Sala Constitucional pasarán a formar parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado, lo que abonará a cumplir con el objetivo de contribuir a las labores jurisdiccionales ordinarias, sin afectar su jurisdicción extraordinaria en materia constitucional, para cuyo ejercicio, el Pleno del Consejo de la Judicatura, elegirá a tres de los magistrados que actualmente conforman la Sala Constitucional, para integrar la Sala Especializada en Materia Constitucional.
La reforma también considera realizar cambios en la estructura de la Sala Especializada en materia de responsabilidades administrativas, al reasignar a dos de los magistrados que actualmente la conforman, al Tribunal Superior de Justicia.
Con la restructuración de la Sala Especializada en Materia Constitucional y de la Sala Especializada en materia de responsabilidades, que llevará a la incorporación de cuatro magistrados al Tribunal Superior de Justicia, se podrá contar con nuevas Salas en los órganos encargados de la impartición de justicia.
Durante la discusión del proyecto de dictamen, la diputada Mónica Silva Ruiz detalló que, actualmente, el Poder Judicial se integra por la Sala Constitucional, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura.
Al aprobar esta reforma, dos magistrados de la Sala Constitucional y dos del Tribunal de Justicia Administrativa, a través de la Sala Especializada, pasarán a formar parte del Tribunal Superior de Justicia, para atender los casos que demanda la ciudadanía.
Por su parte, el diputado Eduardo Castillo López resaltó la importancia de reforzar las instituciones que imparten justicia, además agradeció el acompañamiento del titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Jonathan Ávalos Meléndez.
En otro momento de la sesión, se dio lectura al proyecto de convocatoria para el nombramiento honorífico de tres personas familiares de personas desaparecidas o no localizadas y tres personas representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, que integrarán el Consejo Ciudadano del Sistema Estatal y de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla.
Al respecto, la diputada Mónica Silva Ruiz señaló que es necesario llevar a cabo el nombramiento de integrantes del Consejo Ciudadano, para que haya un acompañamiento de este grupo en las instituciones que se dedican y tienen injerencia en la búsqueda de personas.
