El diputado Hamlet García Almaguer (Morena) afirmó que las advertencias de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), respecto a los cambios planteados por el denominado “Plan B”, como es el traslado de los módulos de atención ciudadana a oficinas gubernamentales, es porque “desconocen” las condiciones de la infraestructura del país y se oponen a ahorrar. 

En declaraciones a representantes de medios de comunicación, dijo que las críticas hechas por los consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama a las reformas secundarias en materia electoral, impulsadas por el Ejecutivo Federal, proviene de falta de imaginación para ahorrar, ya que hacen énfasis en el aspecto económico.

Por tal motivo, sostuvo que instalar los módulos de atención ciudadana del INE en escuelas, universidades y palacios municipales generaría un ahorro de 700 millones de pesos anuales, que actualmente se paga por la renta de inmuebles.

Recalcó que la invitación es, sobre todo, a que coloquen los módulos del INE en unidades administrativas que no estén bajo control de una fuerza política en exclusiva.

Asimismo, acusó a los consejeros electorales de “desconocimiento de la infraestructura del país”, pues las universidades y hospitales también cuentan con un sistema de telecomunicaciones sólido. Tampoco descartó que se puedan utilizar las instalaciones de San Lázaro o las terminales aeroportuarias. 

García Almaguer consideró que también en las terminales aeroportuarias hay condiciones, ya que cuentan con espacios que son administrados por el Estado mexicano.

“Lo que tenemos es que mucha gente no está actualizando su credencial para votar. Dónde tendrían que estar los módulos, en las fronteras: en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Reynosa. Tú ves que en Baja California hay índices de participación de 33, 35, 40 por ciento. ¿Por qué es eso?, no es porque los bajacalifornianos no voten, es porque millones de mexicanos no han actualizado sus datos de las credenciales de elector”, aclaró.

Por otro lado, García Almaguer aseguró que la serie de impugnaciones legales en torno a este “plan B” de la Reforma Electoral, presentadas por la oposición, llevará a que se confirme en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este proyecto.

“Lo dijimos en tribuna, si sus objeciones son las que están manifiestas en el voto particular del senador Ricardo Monreal, pues yo no les veo camino a la inconstitucionalidad”, agregó.

Indicó que estas reformas legales no afectan en nada al INE, “son ajustes menores, compactación de algunas áreas administrativas y eso sí, eliminación de burocracia dorada”.

Consultado sobre las quejas que la oposición ha presentado ante el INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por los supuestos actos anticipados en los que han incurrido militantes de Morena y funcionarios federales, García Almaguer argumentó que “lo que está en juego ahí son dos derechos fundamentales; la equidad en la contienda, por un lado, que es importante que se tutele. Pero el otro, es muy relevante, es el derecho a la información de la ciudadanía”.

“No, no es campaña, es libertad de expresión que genera acceso al derecho a la información, que ya está establecido en la Constitución. Si a nosotros pues nos ponen una mordaza, no nos permiten hablar, cómo se va a enterar la ciudadanía de lo que estamos haciendo en el Congreso, en los gobiernos estatales, municipales, a mí me parece que es importante que esta discusión pública se celebre en todos los lugares”, abundó.

Sin embargo, aclaró que acatarán la determinación que tome la SCJN; “la Corte tendrá que sopesar ese derecho a la información frente a la equidad de la contienda y determinar la constitucionalidad o no de esta legislación. Nosotros la vamos a acatar”.

Respecto a la sentencia del TEPJF que revocó acuerdo de la Cámara de Diputados sobre elección de cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), resaltó que la Cámara de Diputados tuvo un tiempo prudente y periodos prolongados de reflexión; sin embargo, el Pleno de la Cámara de Diputados no está instalado, y será hasta después del 1 de febrero que puedan dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal.

Enfatizó que las dos opciones sería compactar la convocatoria o abrir el diálogo con los magistrados, el cual es muy prudente.

“Se tendría que compactar o dialogar con el Tribunal; primero en un diálogo político, y después en cuanto al cumplimiento de la sentencia, hacer una propuesta por la vía jurídica, que nos llevara a extender el proceso más allá del 4 de abril. Yo no creo que haya mayor afectación en que el Instituto funcione con 7 integrantes durante algunos días, pero lo más importante es respetar las fases del proceso”, abundó.

Redacción