El plazo para desahogar las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de transparencia vence el 7 de febrero y a pesar de la urgencia por aprobar el paquete de iniciativas en materia de seguridad y procuración de justicia enviadas por el Ejecutivo federal en diciembre pasado, los legisladores no tienen prisa.

Las fracciones parlamentarias decidieron que estos temas serán discutidos y aprobados a partir de 1 de febrero, cuando comience el periodo ordinario de sesiones, por lo que no tendrán tiempo para sacarla a tiempo.

Esta reforma fue promulgada el 7 de febrero de 2014 y desde ese momento comenzó a correr el plazo de un año para que ambas Cámaras emitieran su reglamentación correspondiente, en las que se deberán fijar las normas para que una institución reserve información por razones de seguridad o interés nacional, así como para abrir las finanzas de partidos y sindicatos que reciban recursos públicos, entre otros puntos.

Por si fuera poco, la actual Legislatura -que concluye funciones en agosto próximo- tiene pendientes reformas en materia de salario mínimo y reforma política del Distrito Federal, que plantea dar más autonomía a la capital del país.

Los pendientes

1. El paquete de propuestas que el presidente Enrique Peña Nieto presentó formalmente al Senado de la República el 1 de diciembre, para establecer medidas y enfrentar a la delincuencia, tras la crisis social provocada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre.

Las principales bancadas acordaron formar grupos de trabajo que analicen cada punto, realicen audiencias con especialistas durante enero y elaboren un documento común que se discuta y eventualmente vote en el periodo ordinario de sesiones.

2. Reformas en materia de combate a la corrupción, siendo los legisladores del PRI quienes han puesto las mayores trabas en el Congreso de la Unión.

El presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa al Senado de la República para conformar la Comisión Nacional Anticorrupción que sustituiría a la Secretaría de la Función Pública.

Pero como mayoría en la Cámara de Diputados, el PRI logró postergar el debate con el argumento de que “la Comisión debería depender del Gobierno Federal y ser parte de la PGR, sin autonomía constitucional, como lo deseaban los partidos de oposición, el de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN)”.

También, la fracción del PRI argumentó que la agenda legislativa tenía como prioridades el debate de las 11 reformas que en los ámbitos Educativo, Energético, Financiero, Fiscal y de Telecomunicaciones, que había enviado el presidente de la República.

Tras un año de negociaciones, el Senado aprobó una reforma constitucional para crear una comisión nacional anticorrupción con facultades de atraer, investigar y sancionar casos de cualquier nivel de gobierno; sin embargo, la minuta se encuentra atorada en la Cámara de Diputados.

3. Durante 2014 la reforma en materia de Trata de Personas estuvo en la mesa de debate de ambas cámaras del Congreso. Fue aprobada en febrero en el Senado y tras diez meses de discusión se aprobó con cambios en la Cámara de Diputados el pasado 3 de diciembre.

Ahora, legisladores y partidos políticos buscarán que la nueva Ley salga lo antes posible y que esta se convierta en un instrumento efectivo para combatir este flagelo, a pesar de los obstáculos que la han rodeado, la mayor parte de ellos de tintes políticos y personales.

4. El Senado de la República también tiene pendiente que nombre a los fiscales especiales en materia de anticorrupción y de atención de delitos electorales, respectivamente, que quedaron pendientes en diciembre pasado.

Con información de 24 Horas.
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