Sin duda un hecho terrible con el que iniciamos el año es el asesinato de Gisela Mota, a horas de haber iniciado su mandato como Presidenta Municipal de Temixco, Morelos. Mujer joven de trayectoria perredista y ex diputada federal.

Este hecho marca el reto de las mujeres en la vida política del país.

En muchos momentos muchas voces hemos intentado hacer visible la violencia política que se ejerce en contra de las mujeres, incluso desde el mismo momento en que expresan su deseo de participar.

A pesar de los muchos esfuerzos de Senadoras y Diputadas en distintos momentos por incorporar en la ley esta materia, se han presentado obstáculos y no ha podido lograrse.

Pero ¿Por qué consideramos necesaria su inclusión? Justamente para prevenir hechos como el que acabamos de mencionar.

María del Carmen Alanís, Magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se refería con una claridad total a este tema en un reciente Seminario ofrecido en el Instituto Nacional Electoral (INE) en el mes de octubre pasado.

Justamente por no haber marco jurídico, todavía, construyó en base a los estándares internacionales y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), un concepto de Violencia Política enunciando: 

“La violencia política hacia las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones -incluida la tolerancia- que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.” Puede tener lugar en cualquier ámbito tanto de lo público como del privado.

La Magistrada Alanís señaló: “Puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual, psicológica y puede efectuarse por medio de las tecnologías de la información y/o en el ciberespacio” y  “Puede ser perpetrada por cualquier persona y/o grupo de personas, por el Estado o sus agentes, por partidos políticos, por representantes de los mismos o por medios de comunicación y sus integrantes.”

También mencionó: “Puede estar dirigida a un grupo o una persona; a su familia o a su comunidad. De hecho, puede haber casos en que la violencia se comete en contra de las mujeres como una forma de amedrentar o de vulnerar a los hombres (a los esposos, hermanos, padres) o bien, puede suceder que se cometan actos de violencia en contra de las y los hijos buscando afectar a sus madres.”

Lo refiero, justamente por la dimensión amplia en la que se mueve este tipo de violencia, que ha cobrado la vida de mujeres y de muchos hombres también.

Si regresamos al asesinato terrible de Gisela Mota, hay un elemento más, el municipio de Temixco está incluido desde el mes de agosto, entre los ocho municipios que cuentan con una declaratoria de Alerta de Violencia de Género por el alto índice de feminicidios que se han cometido en ese municipio en los últimos años; ello implicaría de entrada, haber implementado las providencias extras que debían darse, para garantizar la seguridad al ocupar precisamente una mujer, la Presidencia Municipal.

Sin duda ante este terrible acontecimiento las mujeres debemos cerrar filas, no sólo aquellas que nos dedicamos al servicio de lo público en cualquier nivel de representación. Debemos exigir una debida diligencia en las indagatorias, una investigación eficaz y el acceso a una justicia restaurativa y por supuesto, evitar su impunidad.

Tenemos la responsabilidad de darle sentido a la muerte de Gisela Mota, que no sólo pasa por enfrentar la amenaza del crimen organizado en contra de autoridades municipales.

Tenemos que seguir impulsando que se legisle en materia de violencia política para que se combata y entre tanto como bien lo ha comentado la Magistrada Alanís, que las autoridades actúen en base a Protocolos.

Si lo queremos es consolidar la democracia paritaria es obligado atender la violencia política.

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