Con una decisión política, el presidente de Estados Unidos no aplicó únicamente una ley migratoria, de borrón mató la esperanza de cientos de miles de niños y jóvenes afectados directamente y millones que ven ese país como su paradigma, como el verdadero sueño americano.
Donald Trump ordenó el martes pasado la eliminación del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), producto de una orden ejecutiva de Barack Obama, que protegía a los jóvenes sin documentos de la deportación y pidió al Congreso de Estados Unidos que lo remplace con leyes antes de que expire por completo el 5 de marzo de 2018.
“No estoy a favor de castigar a niños, o a la mayoría de ellos que ya son adultos, por las acciones de sus padres”, explicó Trump en un comunicado.
“Solo es por medio de la aplicación confiable de la ley migratoria que podemos establecer comunidades seguras, una clase media robusta y justicia económica para todos los estadounidenses”, y agregó que DACA tiene un enfoque primordialmente de “amnistía”.
De inmediato reaccionaron e contra políticos demócratas y activistas defensores de los migrantes. Barack Obama señaló en su página oficial de Facebook.
“Tener como blanco a estas personas es equivocado, porque no han hecho nada malo. Es una forma de auto derrota, porque lo que quieren es empezar negocios, trabajar en nuestros laboratorios, dar servicio en nuestras fuerzas armadas y contribuir de otros modos al país que todos amamos. Y también es cruel”.
Pidió al Congreso que trabaje para promover una ley que ayude a los dreamers, al recalcar que la acción ejecutiva fue tomada justamente porque los legisladores no pudieron o quisieron ponerse de acuerdo en 2012 para una medida afín.
El fiscal general, Jeff Sessions, anunció en conferencia de prensa que el gobierno dejará de aceptar nuevas solicitudes para DACA y ante las presiones y manifestaciones callejeras los funcionarios dijeron que los 800 mil beneficiarios no se verán afectados de inmediato por lo que calificaron como un “desmantelamiento ordenado” de la política Obama.
Sessions calificó al programa de la era Obama como una “total evasión de las leyes migratorias” y como un uso inconstitucional del poder ejecutivo. “A través de DACA, el ejecutivo buscó deliberadamente lograr lo que el legislativo específicamente rechazó autorizar en varias ocasiones”.
El anuncio da inicio oficial a la revocación del estatus legal de aquellos que estaban protegidos por este programa, que se implementó hace cinco años.
Los funcionarios dijeron que algunos inmigrantes que actualmente está protegidos por DACA podrán renovar su estatus legal de dos años de duración hasta el 5 de octubre, pero si el Congreso no actúa, los inmigrantes sin documentos que fueron llevados a Estados Unidos cuando era niños podrían ser deportados a partir de marzo a países en los que muchos nunca han vivido.
Los oficiales migratorios dijeron que no pretenden que los dreamers sean su objetivo principal para la deportación, aunque, sin la protección de DACA, sus beneficiarios son considerados como sujetos de expulsión de Estados Unidos y ya no podrían trabajar de manera legal en ese país, informó The New York Times.
La decisión de inmediato tuvo reacciones de esos cientos de miles de soñadores y sus familias, su situación de incertidumbre los llevará a buscar formas y métodos para presionar a una amnistía porque ellos contribuyen y aportan trabajo e inteligencia a la economía estadunidense y porque se quieren quedar allá y no regresar, la mayoría son mexicanos, a un país que no conocen y no saben siquiera como los recibirá.
Más que buscar la manera de acogerlos y abrirle los brazos, como mencionó el Presidente Peña Nieto, hay que darles asesoría legal en Estados Unidos para que ganen juicios y permanezcan allá, porque eso es lo que en realidad quieren.
En México, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, se preguntó por qué le pasó esto a México.
En la respuesta, él mismo señaló: “Porque no nos preparamos para lo que venía, para tener un desarrollo homogéneo. Si bien se calcula que son 618 mil jóvenes, no sabemos cuántos quieran regresar, qué tantos se pueden amparar y en qué tiempo sucederá, ni a qué grupos etarios y niveles de educación corresponden.
“Algo vamos a tener que hacer en todo el sistema de educación media superior y superior nacional para enfrentar este problema”, propuso el rector de la casa de estudios.
México tiene algo que hacer, urge.
Por lo pronto 15 entidades estadounidenses y Washington D.C. demandaron al gobierno federal para bloquear la orden de Trump de terminar gradualmente con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege a jóvenes indocumentados de ser deportados.
El Fiscal general de Washington, Bob Ferguson, dijo que la acción viola los derechos legales de los cerca de 800 mil inmigrantes resguardados por la ley.
“(Es) un tiempo oscuro para nuestro país”, aseguró en conferencia de prensa antes de que se presentara la demanda en la corte del Distrito Este de Nueva York.
La iniciativa fue encabezada por ese estado y respaldada por Massachusetts, Washington, el Distrito de Columbia, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont y Virginia.
Más allá de que se dé un regreso masivo de “soñadores” se deben defender sus derechos en Estados Unidos y respaldarlos en esa lucha, además de preparar el país no sólo con lugares en las instituciones de educación sino con una economía que les ofrezca oportunidades personales de desarrollo y una vida cómoda, como las que le ofrecía el sueño americano que mató Donald Trump.
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