El año aún no comienza, pero su amenaza ya domina el horizonte político: 2027 se perfila como el momento más peligroso para la democracia mexicana desde la transición electoral en el 2018. Bajo el argumento de una reorganización para eficientar la economía, el gobierno propone concentrar en una sola fecha la elección federal intermedia, la designación de cargos del Poder Judicial y la revocación del mandato presidencial. Lo que se presenta como eficiencia en economías coincide inquietantemente con patrones observados en procesos autoritarios a nivel global, donde la unificación electoral ha servido como punto de partida para la captura total del Estado.

Abril de 2022. La primera revocación de mandato evidenció la fragilidad institucional: firmas inválidas, propaganda gubernamental encubierta, estructuras de acarreo y una participación insuficiente para otorgar legitimidad. Episodios como este, que en otros países precedieron al debilitamiento de contrapesos (Venezuela 2004, Turquía 2017), dejaron claro que México había ingresado en un terreno donde las reglas pueden reinterpretarse para beneficiar al poder en turno.

Marzo de 2025. Tres años después, la elección judicial mostró una grieta aún más profunda. La baja participación, la operación política territorial y los acordeones —mecanismos masivos de inducción del voto— replicaron prácticas observadas en regímenes híbridos donde la ciudadanía vota, pero no elige (Hungría, Nicaragua, Rusia). La validación jurisdiccional de estas anomalías normalizó una técnica de manipulación electoral, tal como ha ocurrido en otros países antes de colapsos democráticos. Fue un punto de inflexión que muchos no supieron reconocer.

Desde este presente, la proyección hacia 2027 no es solo preocupante: es históricamente alarmante. La coincidencia de tres procesos tan distintos en una sola jornada multiplica vulnerabilidades técnicas, legales y sociales, generando las condiciones que, en otras latitudes, han permitido transitar de democracias defectuosas a sistemas autoritarios consolidados.

En la Constitución se estableció el ordenar que la revocación de mandato se celebrara en momento no coincidente con los procesos electorales. Modificar esta regla y adelantarla al segundo año del sexenio no solo desnaturaliza el mecanismo, sino que suprime el derecho ciudadano a evaluar el desempeño presidencial a mitad del mandato, creando un blindaje político semejante al observado en reformas constitucionales de países donde las herramientas de control ciudadano fueron neutralizadas para consolidar un proyecto hegemónico.

Si damos un salto hacia el futuro, observamos un escenario inquietante: múltiples boletas, operadores territoriales organizados, programas sociales utilizados como instrumentos de presión, propaganda oficial diaria y regiones dominadas por grupos criminales que influyen directamente en candidaturas y resultados. En contextos como el de Serbia en los años 90 o el de Venezuela a partir de 2006, la confusión electoral se convirtió en un método deliberado de control político. México corre ese mismo riesgo: el votante ya no decide; replica instrucciones construidas desde el poder.

La consecuencia institucional sería devastadora. Una sola jornada permitiría que una mayoría legislativa alineada al Ejecutivo termine de capturar el Congreso y el Poder Judicial, debilitando y anulando los casi extintos contrapesos que hoy agonizan. La historia es elocuente: cuando un régimen logra controlar el legislativo y someter al judicial en un mismo ciclo electoral, la democracia deja de ser funcional y la alternancia se vuelve improbable.

Casos como Hungría, Nicaragua o Rusia muestran que este tipo de concentración puede marcar el inicio de una autocracia electoral, en la que las elecciones dejan de ser mecanismos de competencia real y se transforman en rituales legitimadores. México se encuentra peligrosamente cerca de ese punto.

Las salvaguardas para evitar este escenario existen, pero el margen temporal para aplicarlas es reducido. Algunas requieren voluntad política inmediata; otras, movilización ciudadana sostenida.

Todas son urgentes. Se necesita:

1. Separar la revocación de los comicios ordinarios, o suspenderla en 2027 para evitar su manipulación como instrumento de propaganda gubernamental;
   
   
2. Prohibir de manera verificable los acordeones y cualquier mecanismo de inducción colectiva del voto, práctica documentada en regímenes donde la libertad electoral ha sido degradada;
   
   
3. Diseñar un sistema de fiscalización y vigilancia inmediata del uso de recursos públicos, particularmente en programas sociales, cuyo uso clientelar ha sido una constante en elecciones federales y locales;
   
   
4. Fortalecer la observación ciudadana y partidista: los partidos de oposición, junto con organizaciones civiles, deben desplegar estructuras de vigilancia electoral en cada casilla del país, sin excepción. Solo una presencia territorial sostenida puede contrarrestar prácticas de coacción, alteración de actas o presión en zonas vulnerables;
   
   
5. Solicitar y reforzar la observación internacional, incluyendo misiones técnicas y políticas de organismos multilaterales. No basta con su presencia simbólica: se necesita que más ojos observen, documenten, y expongan las irregularidades en tiempo real, como ocurrió en transiciones críticas de Europa del Este y América Latina;
   
   
6. Exigir compromisos públicos vinculantes por parte de los candidatos legislativos de oposición, firmados ante notario, que los obliguen a no cambiar de partido una vez electos. El transfuguismo político, que ha sido utilizado para diluir contrapesos parlamentarios, debe ser anticipadamente contenido. La lealtad institucional no puede depender de pactos personales ni de beneficios coyunturales.

No actuar equivale a aceptar, desde el presente, una elección diseñada para reproducir un régimen hegemónico. No será un fraude improvisado, sino un fraude estructurado, similar al que transformó democracias vulnerables en autoritarismos duraderos.

El desafío del 2027 no es del futuro: está ocurriendo hoy. La historia demuestra que las democracias no colapsan de golpe: se erosionan mediante reformas sutiles, validaciones institucionales y elecciones aparentemente ordinarias. México se encuentra en ese umbral. Y lo que está en juego ya no es un cambio político, sino la supervivencia misma de la democracia mexicana.