México es el país que tiene el primer lugar en embarazos en menores de 18 años, según datos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), nuestro país registra un embarazo por minuto en niñas de hasta 10 años de edad, las estrategias de control por parte del gobierno mexicano han sido fallidas y desde 1976, año en que se establecieron políticas educativas y sanitarias para disminuir el índice de embarazos en adolescentes, las cifras no han disminuido.
Al día, se registran 1252 partos diarios, de madres menores de edad, según datos de Conapo (Consejo Nacional de Población), los adolescentes tienen su primera relación sexual a los 15 años (promedio), ellos mismos reportan que el 37.6 % no utilizaron ningún método anticonceptivo en el primer encuentro y el 45% no utilizó protección en el coito más reciente.
El gobierno mexicano ha luchado durante cuatro décadas para disminuir el embarazo adolescente, pero los datos nos muestran que las cifras no disminuyen y más bien van en aumento, desde 1976 aproximadamente el 18 % de los embarazos en México, son de madres adolescentes.
A principios de este año, el gobierno lanzó la “Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes”, iniciativa que une el trabajo de varias instancias del gobierno, el objetivo es llegar a una tasa 0 de embarazos en menores de edad, la meta es muy ambiciosa y las políticas no han penetrado de manera efectiva en la sociedad.
Esta estrategia advierte los riesgos que conlleva un embarazo a edad prematura, explica la forma en que la llegada de un hijo impacta en el desarrollo de la sociedad y de los propios ciudadanos, ya que: “Un embarazo durante la adolescencia, puede considerarse como dramático, tanto en lo personal como a nivel social, independientemente del estrato social del que procedan”.
Frecuentemente son embarazos no deseados, los jóvenes no tienen alternativas para cubrir las necesidades de un hijo, se puede reproducir el círculo de pobreza, genera mano de obra barata, hay un alto índice de desintegración familiar, los embarazos de mujeres adolescentes se vinculan a la muerte materno-infantil, y al aborto, se genera una mayor exposición a situaciones de inseguridad, desprotección y maltrato, en caso de separación, los padres no asumen la responsabilidad del pago de la pensión alimentaria y aumenta el riesgo de la violencia de género, hay abandono escolar y por lo tanto, un cambio radical en el proyecto de vida de los jóvenes.
Las acciones de prevención son urgentes, desde casa debemos asumir que los adolescentes tienen derechos sexuales y reproductivos como son: La mejor calidad posible de salud sexual, incluyendo el acceso a los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva, buscar, recibir y difundir informaciones relativas a la sexualidad, educación sexual, respeto de la integridad física, elegir la pareja, decidir si ser sexualmente activo o no, tener relaciones sexuales consensuales, matrimonio consensual, decidir si y cuando tener hijos, tener una vida sexual satisfactoria y segura.
Tanto en casa como en la escuela las relaciones sexuales deben dejar de ser un tema poco abordado y tenemos la obligación de convencer a nuestros jóvenes que estos derechos son también su obligación, las autoridades deben garantizar un debido presupuesto en el sector salud y educativo para que la educación sexual sea impartida en escuelas públicas y privadas y se ofrezcan de manera gratuita métodos anticonceptivos en clínicas y hospitales, públicos y privados también.
