En 1948 la Asamblea de las Naciones Unidas hizo oficial la “Declaración de los Derechos Humanos”, una iniciativa que dicta los principales derechos que un ser humano merece para ser protegido y conservar su dignidad, entre ellos está la libertad, la seguridad, la esclavitud está prohibida, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, toda persona tiene derecho al trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual, derechos incluídos en una declaratoria de 29 artículos, relacionados por el Centro de Información de las Naciones Unidas.
Once años después, fue necesario declarar los derechos de los niños que señala que los menores deben ser protegidos, atendidos, educados, alimentados y protegidos contra toda explotación, entre otros.
67 años después, ambas declaratorias son una utopía en nuestro país, en recientes días se ha dado atención, lamentablemente, a lo que sucede en un sector de la población, que por décadas, ha sufrido el nulo reconocimiento de estos derechos, nos referimos a los jornaleros agrícolas migrantes, que viajan al norte de nuestro país en busca de trabajo.
Familias en su mayoría provenientes de estados como Guerrero y Oaxaca, viajan a estados como Sinaloa y Baja California para laborar en los campos agrícolas; son “contratados” por empleadores sin escrúpulos que les ofrecen casa, comida, seguridad social, guarderías y hasta escuelas para sus hijos, ofertas que no existen en absoluto.
Las familias migran para encontrarse con una realidad cruel, no hay ninguna de las prestaciones que les ofrecieron, sólo un salario de apenas 90 pesos por 12 horas laboradas, al estar lejos de sus hogares, deben someterse a la “vivienda” (galerones de tabique con piso de tierra) que les ofrece el patrón en los campos, lejos, no tienen más opción que apegarse a realizar el trabajo con un ingreso que debe alcanzar para alimentar a sus familias, ahorrar y poder enviar dinero a los demás familiares que dejaron en sus tierras.
Hortalizas con calidad de exportación son cosechadas por jornaleros indígenas que viven en condiciones de esclavitud, en el campo no sólo trabajan los adultos, los niños no tienen más opción que hacerlo al lado de sus padres, no tienen acceso a la educación, la salud o a una alimentación adecuada, los adultos sólo tienen la opción de trabajar, o abandonar el “empleo” y convertirse en desamparados, sin casa, dinero ni comida, pues fuera de sus comunidades.
María Teresa Guerra, Coordinadora de Mujeres Activas de Sinaloa explica en entrevista para Mardonio Carballo, que a Sinaloa llegan de 200 a 250 mil jornaleros, la mayoría son migrantes y otra parte, de las mismas comunidades indígenas del estado, son reclutados bajo contratos engañosos cada temporada de cosecha, son trasladados en vehículos de carga, empiezan su jornada a las 4 de la mañana, sin seguridad en el trayecto, en ocasiones sufren accidentes en el camino y lo pierden todo.
El trabajo infantil sigue existiendo ante la hipocresía de los propietarios quienes lo niegan, bajo un gobierno estatal indiferente y la complicidad del gobierno federal, señala María Teresa Guerra, los niños trabajan en contacto directo con agroquímicos, sin protección, sufren accidentes de trabajo, muchos fallecen en estas condiciones, o mueren ahogados en los canales de riego ya que son de zonas montañosas y no saben nadar.
La pobreza arroja a esta población a ajustarse a estas “condiciones laborales”, muchos saben a lo que se enfrentarán, otros tantos han decidido hacerse escuchar, hace apenas unos días, jornaleros de la comunidad de San Quintín decidieron unir sus voces y exigir que las condiciones en las que trabajan al menos se apeguen a lo marcado en las leyes, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades?, atacarlos con balas de goma y golpes, en tiempos electorales ¿le va bien a los gobiernos tomar estas medidas?
Estos campos producen tanto y sin embargo, dejan muy poco en las manos de quienes verdaderamente los hacen producir, esto es lamentable y urge al Estado resolver, al menos, las condiciones básicas de seguridad, sueldos y legalidad.
Si alguien decidió ser vegetariano para evitar el sufrimiento de seres inocentes, deben saber que un buen plato de ensalada no está exento de dolor y sangre causado por las injusticias que resisten nuestros trabajadores del campo.
