Con la iniciativa de ley sobre el llamado testamento biológico (que prevé para el paciente rechazar las terapias y la alimentación en caso de enfermedad terminal) en análisis parlamentario, los italianos que deciden poner fin a su vida a causa de males incurables tienen todavía a Suiza como única opción.

Y es que en Italia la eutanasia es equiparable al homicidio voluntario e incluso en el caso de que exista consenso del enfermo el Código Penal la castiga con reclusión de entre 6 y 15 años, mientras que ayudar a un paciente a poner fin a su sufrimiento es considerado como instigación al suicidio, un delito penalizado con hasta 12 años de cárcel.

Esa última es la condena que corre el riesgo de recibir Marco Cappato, tesorero de la organización Luca Coscioni (que pugna por la legalización de la eutanasia) y militante del Partido Radical, quien el mes pasado acompañó al disc jockey Fabiano Antoniani, de 40 años de edad, a morir en Suiza a través del suicidio asistido.

El hombre, mejor conocido como DJ Fabo, estaba completamente paralizado y ciego tras sufrir un accidente automovilístico en 2014 y había hecho un llamado público al presidente Sergio Mattarella para que fuera legalizada la eutanasia y se le permitiera morir en paz.

Al final el disc jockey, que hablaba mediante un sintetizador de voz, se vio obligado a seguir el camino que otros italianos en situaciones similares ya han recorrido: viajar a una clínica en Suiza, donde el suicidio asistido es legal incluso para los no residentes.

En entrevista con Notimex, Cappato confirmó que no desistirá en su objetivo de lograr que el Estado italiano deje de ignorar la realidad de la eutanasia clandestina y del exilio de la muerte, y dijo que seguirá ayudando a personas en situaciones como la de DJ Fabo.

Reveló que por ahora ayuda a otras dos personas que están listas para emprender el viaje a Suiza, pero que decenas más lo han contactado en los últimos días.

Y pese a que su asistencia a DJ Fabo se dio bajo los reflectores e incluso él mismo se “autodenunció” ante los carabineros, Cappato no ha recibido ninguna comunicación oficial de la magistratura y solamente sabe que está bajo indagación.

“Será la justicia la que decidirá sobre mi caso”, señaló.

Dijo que el objetivo de su partido, de la organización Luca Coscioni y de otros organismos políticos y asociaciones es lograr que el “testamento biológico” sea aprobado durante la actual legislatura, que finalizará en 2018, mientras que esperan que la eutanasia sea legalizada en la próxima legislatura.

La iniciativa de ley del “testamento biológico” llegó la semana pasada a la Cámara de Diputados, luego de años de espera, que la deberá aprobar en una primera lectura, para después pasarla al Senado y retornar a la cámara baja, donde recibirá el visto bueno definitivo.

Titulada “Normas en materia de consenso informado y de disposición anticipada de tratamiento”, la normativa permite al individuo establecer su posición sobre el “fin de la vida” ante la hipótesis de que llegara a sufrir una pérdida irreversible de sus capacidades físicas y mentales.

El artículo 3 disciplina las disposiciones anticipadas de tratamiento, definidas como “el acto en el que cada persona mayor de edad y capaz de entender puede, en previsión de una eventual futura incapacidad de autodeterminación, expresar sus propias convicciones y preferencias en materia de tratamientos sanitarios".

Contempla el consenso o rechazo respecto a decisiones diagnósticas o terapeúticas y sanitarias, incluidas las prácticas de alimentación e hidratación artificiales y prevé que el declarante pueda dejar establecido el nombre de una persona de confianza que lo represente ante los médicos y las estructuras sanitarias.

Emilio Coveri, presidente de la asociación Exit Italia o Asociación Italiana por el Derecho a una Muerte Digna, dijo que semanalmente esa organización recibe un promedio de 90 llamadas telefónicas de personas desesperadas que piden poder acceder a los servicios suizos para el suicidio asistido.

En entrevista con Notimex, Coveri aclaró que Exit Italia no acompaña a nadie a morir al país helvético, sino que da asesoría e información y resaltó que para ir a Suiza es necesario sufir de una enfermedad grave, irreversible, diagnosticada clínicamente y sin ninguna posibilidad de curación.

“En 2016 tuvimos 49 de nuestros inscritos que viajaron a Suiza, de donde nunca más regresaron. En lo que va del año me han llegado 37 nuevas solicitudes de activación del procedimiento del suicidio asistido. La tendencia está en un aumento vertiginoso”, subrayó.

Dijo que Suiza es la única opción para los italianos, pues otros países en los que la eutanasia es legal, como Holanda o Bélgica, solamente aceptan a sus propios ciudadanos.

En la nación helvética rige, sin embargo, el llamado suicidio asistido, que prevé que sea el paciente quien, por su propia mano, ponga fin a su vida, sin la intervención directa del médico.

Los italianos que viajan a Suiza lo hacen a cuatro clínicas; Dignitas, en la localidad de Forch, cantón de Zurich y a otras tres en Berna, Basilea y Lugano.

Una vez elegida la estructura, una comisión médica evalúa la solicitud del paciente y en caso de dar su visto bueno establece una fecha en la que el enfermo puede viajar para cumplir su última voluntad.

Pero Coveri precisó que una vez arribado a la clínica, el paciente debe someterse a una nueva consulta en la que el médico, por ley, intenta disuadirlo de su intención. Según los datos de Dignitas, tras esa entrevista el 40 por ciento de las personas cambia de opinión y regresa su casa.

Para quien decide morir, en cambio, se pasa a una habitación en la que el médico le da dos pildoras de un antiemético que impide el vómito, después se le suministra un vaso de agua con 15 gramos de pentobarbital de sodio, un narcótico que hace dormir.

Como se trata de una bebida amarga, se le da de comer algo dulce; en un lapso de algunos minutos entra en coma profundo y poco después la medicina paraliza la respiración para morir, según Coveri, “en un situación de completa inconciencia”.

Todo el procedimiento es filmado para facilitar el trabajo del médico legal y de la policía, que deben redactar el certificado de muerte. El cuerpo es después cremado y las cenizas entregadas a los deudos.

El costo promedio es de unos 10 mil euros, que no contemplan los gastos de viaje, sino que incluyen el transporte del cuerpo al crematorio, dos consultas del médico, la medicina letal, los inspectores de la policía, el médico legal, la agencia fúnebre y todas las prácticas burocráticas.

“No hay ningún negocio de la muerte, como han escrito algunos periódicos italianos. Son los costos normales en un país como Suiza, que es bastante caro”, remató Coveri.

Información:Notimex

Imagen: Expansión