Causó escozor la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que los integrantes del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sean electos por el voto popular.

De entrada es una idea descabellada. Pero lo que no podemos negar es que sí urge ir despolitizando a estos organismos. Y para ello, por supuesto que existen alternativas que quisiera comentar en este texto.

Soy de los que creen que al Instituto Nacional Electoral se le tiene que defender, porque ha sido fundamental para consolidar la democracia en México. Pero no podemos ser ingenuos: ni el INE, ni el Tribunal Electoral, ni ningún organismo autónomo son el Castillo de la Pureza. Los partidos políticos han manipulado de forma recurrente los nombramientos en estos espacios, con la lógica de reparto de cuotas,

El INE, se caracteriza por contar con un servicio civil de carrera y personal con conocimiento técnico para emprender las labores propias de este organismo autónomo, las cuales no solo se limitan a la organización de elecciones. El INE emite la credencial de elector, que en nuestro país es muy importante porque se trata de la cédula de identidad más aceptada. También se encarga de la asignación y monitoreo de tiempos en radio y televisión y de la fiscalización de precampañas y campañas, entre otras actividades. Por eso ha crecido en su costo y tamaño, porque se le han dotado cada vez más atribuciones.

Pero a pesar de ello, persiste el sesgo partidista en el INE. Hoy vemos a dos consejeros haciéndole flaco favor a la institución al desempeñar un papel de oposición que no les corresponde, en contra del Poder Ejecutivo. Por supuesto que no estoy justificando la ruda campaña de desprestigio y denostaciones del presidente López Obrador contra el INE y el Tribunal Electoral. Pero el hecho de que Lorenzo Córdova pierda el recato y se deje fotografiar con Gabriel Quadri en una sesión plenaria del Partido Acción Nacional, también me parece poco conveniente en un momento histórico en el que tenemos que cuidar al Instituto, más que nunca.

La posible iniciativa de López Obrador, ha sido bien recibida en su núcleo duro de seguidores, quienes coinciden en que el INE tiene metida “la mano pachona de los partidos políticos”. Lo malo, que con la propuesta de AMLO, todo se volcaría a favor de Morena y eso tampoco es sano.

Actualmente los diez Consejeros Electorales son nombrados por el Poder Legislativo y lo que se acostumbra es que los partidos políticos se repartan los espacios: “Tres para el rojo dos para el azul y uno para el amarillo”. A su vez, el Consejo General del INE es el que nombra a los consejeros locales, es decir, los que integran los plenos de los institutos electorales en los estados, conocidos como OPLE´s.  En el caso de los magistrados electorales (tanto del Tribunal Federal, como de los locales), son nombrados por el Senado de la República, bajo la misma lógica del reparto partidista.

López Obrador plantea que cada uno de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) proponga a 20 candidatos para el Consejo General del INE y otros 20 para el Tribunal Electoral. Esto nos daría dos listas, cada una de 60.  De esos listados, la gente votaría en elección abierta para definir a Consejeros y a Magistrados.

De acuerdo con el presidente, no sería cualquier “hijo de vecino” el que se postularía, sino que en las listas se pondrían perfiles con conocimiento en la materia. Es decir, no es como que Adolfo “Bofo” Bautista o “El Tinieblas” vayan a presentarse como candidatos a magistrados electorales.

Hay que decir que en ningún país en el mundo las autoridades electorales son designadas por voto popular. Lo que sí existe en otras naciones como Estados Unidos, España o Bolivia, es que los jueces o magistrados se definan a través de procesos electorales, pero en el caso del Tribunal Electoral, hablamos de un organismo que imparte justicia especializada.

NO me parece buena idea que el voto popular defina puestos donde se necesitan perfiles con conocimiento técnico, como es el caso de organismos autónomos electorales, de derechos humanos, transparencia, regulación de energía o competencia económica.

Pero lo que SÍ me parece buena idea es evitar la intromisión de los partidos políticos en esos organismos autónomos. Y esto incluye por supuesto que tampoco Morena se meta.

La solución ni siquiera es complicada. Lo que se necesita es una Ley de Designaciones Públicas, que contemple exámenes de oposición y valoraciones por Comités de Expertos. Y los mejores calificados ocupen esos cargos. Sin que los diputados, ni el Poder Ejecutivo se asomen siquiera.

Comprendo la lógica de que si hablamos de organismos ciudadanos, sean los ciudadanos los que los elijan. Pero no por voto popular, ni aclamación. Sino por capacidad probada y para ello, lo ideal sería que la sociedad realice procesos de designación pública en la que los interesados demuestren su capacidad técnica. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, abandonado y debilitado por el actual gobierno, bien podría coadyuvar a la organización de esos procesos.

La mala noticia, es que los partidos políticos nunca querrán soltar el mango de esa sartén. Tan es así que el presidente también quiere incidir en los nombramientos.

Pero de que hay solución, hay solución.  Lo que no existe es voluntad política.