Aunque terminó opacado por la inauguración del Aeropuerto Felipe Ángeles, la carta de Julio Scherer García en la que "revela" acusaciones contra el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero es preocupante por varias razones
A una semana de la aparición de la misiva, podemos razonar con mayor circunspección y comedimiento al respecto. Existen, al menos, tres dimensiones que se desprenden de esta carta. La más obvia es la guerra sin cuartel entre conspicuos personajes de la Cuarta Transformación (Alejandro Gertz Manero, Julio Scherer Ibarra, Olga Sánchez Cordero y antes, Santiago Nieto, que a muchos ya se les olvidó que también fue objeto de intrigas que precipitaron su salida del gabinete).
La segunda dimensión de análisis es muy inquietante. Hay voces que aseguran que la Fiscalía General de la República ha concentrado sus esfuerzos institucionales en temas personales de su titular, en lugar de derivarlos a os temas que más le duelen a los mexicanos, en medio del clima de violencia que se padece en todo el territorio nacional.
Pero la otra de las dimensiones, que me parece ha sido poco abordada, es la de la figura del "Criterio de oportunidad", la cual está siendo utilizada de manera discrecional por parte de los agentes del Ministerio Público.
En la carta que Scherer Ibarra publicó en el prestigiado semanario Proceso, se describe como en diversas ocasiones, la FGR habría presionado a imputados para que se acogieran al Criterio de Oportunidad a cambio de declarar la existencia de presuntas anomalías con el objetivo de “ difamar e hundir” al ex Consejero Jurídico de la Presidencia.
¿Quién tiene razón? Por supuesto que no lo sé. Pero lo que a muchos nos preocupa, es qué de acuerdo a lo descrito en esa misiva, la figura del Criterio de Oportunidad sería susceptible a darle uso político para perjudicar a adversarios.
El Criterio de Oportunidad es un beneficio contemplado en el Artículo 21 de la Constitución Mexicana y el Código Penal de Procedimientos Penales, “para personas procesadas que otorguen elementos que permitan imputar a otros personajes que también hayan cometido ilícitos”. A cambio de ello, el agente del Ministerio Público tiene la facultad de negociar, información para resolver otros casos, a cambio de beneficios como solicitar penas mínimas o no pedir que se sumen agravantes en la comisión de delitos, como lo hemos visto en películas anglosajonas
Dicho de manera coloquial y con el riesgo de pecar de un excesivo –pero necesario- ejercicio de síntesis, hay quienes lo consideran como un premio por delatar a peces gordos.
Esta solo aplica en ciertos supuestos, como delitos sin pena privativa de libertad o punibilidad máxima de cinco años, delitos patrimoniales cometidos sin violencia, entre otros. Además hay una serie de excepciones.
En otros países esta figura ha sido cuestionada y por ello han preferido no contemplarla en sus legislaciones. En otras naciones está sujeta a filtros muy estrictos, y debe de ir acompañada de evidencia, pruebas contundentes.
Pero en México, parece que basta la pura delación, aunque luego los dichos no sean sostenibles. Lo vimos en el caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, que salpicó a varios personajes pero no entregó una sola prueba y por ello, luego de varios meses de andar libre a sus anchas, fue recluido en un penal. Eso es lo que preocupa, que la figura es susceptible de ser utilizada políticamente.
Tenemos dos grandes problemas. Uno, por supuesto es de diseño legislativo y técnico. Esta figura debe ser revisada de manera urgente para que no se siga utilizando discrecionalmente o como una herramienta de presión. Y de paso, se debe replantear la de la Prisión Preventiva Oficiosa que también se está prestando a diversos excesos.
Pero el segundo problema, el más grande, que permite usar esta figura y muchas más, para fines perniciosos viene de la clase política misma, que independientemente de las reformas que se realicen a los códigos y leyes, y ante la ausencia de instituciones fuertes, siempre encontrarán la manera de tergiversar el espíritu de reformas que parecieran de avanzada.
Eso es una auténtica tragedia.
