Por: Víctor M. García
Aunque la defensa de los derechos humanos tiene poco tiempo de practicarse en nuestro país, el concepto lleva una gran lápida conformada por verdaderas historias de impunidad y otras de complicidad. Si bien con “el viejo PRI”, ante el hervidero de movimientos sociales y la guerra sucia estos derechos fundamentales consagrados en la Constitución de 1917, en realidad se los pasaban por el arco del triunfo.
Ensalzados en la Revolución Francesa tardaron en aplicarse casi 200 años, pero las comisiones creadas en la actualidad para velar por su cumplimiento aún no han podido ganarse la simpatía ni el crédito de la población en general, pues parece que defienden a quienes no deben, a los que se quejan primero o al que se pone en papel de víctima sin tomar en cuenta que ya llevan un efecto de rebote, afortunadamente no en todos los casos.
La libre manifestación de las ideas es un derecho que no se puede negociar, pero que también debemos tolerar en un ámbito de cultura evolucionada; por desgracia, en las manifestaciones algunos grupos radicales buscan lo opuesto, es decir, violan los derechos de una mayoría, entonces lo único que desatan es la antipatía de la población antes que buscar el apoyo a sus causas e ideas.
Recordemos las justas manifestaciones por lo ocurrido en Iguala, que grupos ultrarradicales han tomado como bandera para allegarse de recursos y mercancía “para la lucha”, en beneficio de su bolsillo y economía. Otros más violentos despliegan su arsenal de bombas caseras para buscar, de cierta forma, que la policía los disperse —en el mejor de los casos—, los convierta en mártires al lanzarles la caballería y aplacarlos con la vetusta pero efectiva ley del garrote.
Resulta incoherente ver cómo la CNDH o la CDHDF mandan visitadores a encapsular rijosos, quienes se quitan el pasamontañas para poner cara de sufridos, luego son escoltados a alguna estación del metro e irse a sus casas tranquilamente, quizás hasta sin pagar por el transporte.
Todo manifestante agresivo debería perder sus derechos al momento de hacer patente que no es por la vía pacífica como quiere expresarse, pero al parecer los premian y casi les dan una palmadita en la espalda. Lo mismo ocurre con los delincuentes: la percepción común de la gente es que los organismos de derechos humanos los protegen de tal manera que se han ganado el mote de “organismos de derechos inhumanos”. Quien viola el Estado de Derecho también debería de perder sus garantías, porque entonces ¿dónde quedan los de las personas ultrajadas por ellos?
Con la ampliación del programa Hoy no circula, que ha dotado de ingresos extras a verificentros, coyotes, gobiernos municipales y grupos de derechos humanos balines, los dueños de vehículos con calcomanía dos han buscado la manera de saltarse la restricción y muchos han acudido a los famosos amparos que dan ciertas organizaciones, un eslabón más a la larga cadena de corrupción y de usar el término en beneficio propio.
Otro caso ocurre en las escuelas: padres que se quejan por nimiedades sin comprobar, de inmediato corren a protestar mediante alegatos de violación a sus derechos. Se le hace caso sin indagar que el quejoso ni siquiera da de comer bien a su vástago y lo trata peor que a la mascota, mientras ya puso en jaque la calma a la vida del profesor, como un caso reciente en la delegación Venustiano Carranza del Distrito Federal, en la que la “humilde madre” pide resarcir el daño mediante el pago de un millón de pesos por parte de la SEP.
La percepción sobre los organismos de derechos humanos no cambiará hasta que en realidad se ejerza una justa defensa para quienes actúan dentro de la legalidad, en favor de las víctimas de abusos y no contra delincuentes, activistas violentos y gente que busca beneficiarse económicamente con ellos.
Imagen de; @Vikusan
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