Cuentan las malas lenguas que Arturo Durazo, El Negro —flamante jefe de la policía capitalina en tiempos de José López Portillo—, quien se enriqueció en el puesto con sólo haber acabado la primaria, presumía de haberle dado su tehuacanazo, pocito y toques a Fidel Castro y Ernesto Guevara cuando armaban en México la guerrilla que a la postre derrocaría al dictador cubano Fulgencio Batista, allá por comienzos de los años sesenta del siglo pasado. La calentada era algo común en el más rudo régimen priísta, servía para convencer de las bondades del sistema a opositores, en especial a los extremistas.
Seguramente fueron miles quienes sin otra acusación más que pensar diferente, fueron torturados en los separos, cárceles clandestinas, campos militares y casas de seguridad de la policía secreta del viejo PRI, que en tiempos modernos de protección a los derechos humanos se da golpes de pecho e indigna con los casos actuales. Sin embargo, por todas las aberraciones pasadas, ¿quién siquiera aceptará que se usaron esos métodos? Mucho menos habrá lugar para ofrecer perdón público, como el que se vieron forzados a expresar el secretario de Defensa y el titular de la Policía Federal, seguramente por instrucciones presidenciales.
En un video viral se aprecia cómo militares y policías federales dan muestra de abuso de poder con una mujer, quien se sabe formaba parte de una banda de secuestradores de La Familia y que seguro no era una perita en dulce; quizás ella y sus secuaces usaba métodos aún más sutiles para obligar a que se pagaran los rescates por sus plagiados. La doble moral sale y muchos se dicen ofendidos bajo el argumento de que el Estado no garantiza la protección de los ciudadanos, “aigan hecho lo que aigan hecho”, cuando de sobra se sabe que el gobierno no puede siquiera garantizar el precio del limón.
Con irregularidades de esa talla, a pesar de sus nexos y actividades criminales, la susodicha estrella torturada cambiara el lugar con sus victimarios, saldrá del bote y se proclamará ejemplo de los malos hábitos de las autoridades y, por ende, del gobierno. Otro caso, en el que por falta de abogado defensor en un reconocimiento común, uno de los secuestradores de la hija del profesor Nelson Vargas también será liberado. Sólo falta que los proclamen héroes.
Soldados y policías quisieron hacer justicia por su propia mano. Mal hecho. La diferencia con los ciudadanos que suelen linchar o querer ajusticiar a rateros comunes, como sucedió ayer en Chalco (donde la policía llegó de inmediato a rescatarlos) es que los primeros son autoridad, pero también son seres humanos que sucumben ante la frustración de una sociedad plagada de crimen organizado, narcos, secuestradores y delincuentes comunes que despojan con violencia a las personas de sus pocos bienes, sea en el transporte, las calles o en sus mismas casas. El creerse justicieros les saldrá caro.
Pregunta para el diablo
¿Nos dejarán darle una calentada a gente como Miguel Ángel Yunes y Bernardo Quezada?
Imagen de: @vikusan
