La corrupción exorbitante, el abuso desbordante y la traición durante décadas a la confianza de los votantes fueron los componentes que propiciaron un terreno fértil para el triunfo de López Obrador. Porque los errores del pasado fueron muchos y la justicia poca, los excesos fueron abundantes y las disculpas nulas, los abusos fueron aberrantes y la impunidad la regla constante. Así se explica que 8 de cada 10 mexicanos estén a favor de investigar a quienes en el pasado ocuparon la silla presidencial. Y es que el reclamo atorado en la garganta y las ganas de expulsarlo a través de lograr que sean procesados quienes hicieron tanto daño es algo que se puede compartir, pero no así la forma por medio de la cual se quiere conseguir. Pues este que se disfraza como un ejercicio de participación, no es más que otro distractor del gobierno en gestión que, incapaz de poder hablar de un presente por estar huérfano de resultados, se ve en la necesidad de generar una narrativa regresando al pasado. Criticar lo que fue, en vez de enfrentar lo que es.

Pero eso no es todo, Andrés Manuel quiere vender la idea de algo que por ley debería de hacer y que obligación moral de realizar tendría que tener. Por hacer su trabajo, pretende cobrarle más de 500 millones de pesos a los mexicanos mediante una consulta cuya pregunta tiene una redacción extremadamente ambigua, que posee un sin fin de interpretaciones y con múltiples usos políticos del resultado que amenazan con minar cualquier efecto jurídico que esta pueda generar. Esto porque en el intento de salvaguardar la constitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia Nacional buscó darle gusto a la figura presidencial de tal manera que no violara tan descaradamente la legalidad. Una vez más, los trajes holgados pero los caprichos a la medida.

Es así como este ejercicio ciudadano, que debería ser uno de los instrumentos disponibles en la caja de herramientas de una democracia funcional, pues permite que los ciudadanos se involucren en la toma de decisiones y emitan opiniones sobre un tema de interés público o de trascendencia nacional, lamentablemente, no podrá tener otra conclusión más que el descontento de la población y el desvirtuar la esencia de este mecanismo de participación que se estrena en nuestro país por primera ocasión. Ya que, de alcanzar el porcentaje para ser vinculante, no están claras las consecuencias de este montaje; de no hacerlo, como seguramente pasará, los ciudadanos se quedarán con las ganas de justicia mientras el presidente se lava las manos con el agua de la impunidad.

A través de esta acción, el gobierno pretende encaminar al país a determinar la impartición de justicia no conforme al Estado de derecho, sino a la voluntad del ejecutivo federal queriendo olvidar que las víctimas también se han creado en este sexenio y no exclusivamente en el periodo neoliberal. Por eso, señor presidente, si tiene tantas ganas de enjuiciar a quienes tienen con la justicia cuentas pendientes, primero empiece con su gabinete y de ser posible con sus parientes.