La CIDH es, en teoría, una organización creada para promover la defensa de los derechos humanos entre los países miembros de la OEA. Pero en la práctica, se conduce como una banda de hampones que chantajea y extorsiona exclusivamente a los gobiernos de América Latina.

Lo anterior no se deriva de una opinión personal ni mucho menos de propaganda anti-derechos humanos. Surge de una observación compartida por periodistas y funcionarios tanto del centro como del sur del continente, sin relación mutua.

Por ejemplo, Natacha Inatti (periodista venezolana) denunció en mayo de 2012 que la CIDH es una plataforma al servicio de extraños intereses. Y explicó que sus omisiones, sus mentiras y su silencio cómplice, fueron las razones por las que Venezuela abandonó a tal organismo.

Citaré aquí algunas consideraciones de Inatti que merecen especial atención:

1.- Es bueno preguntarse por qué ni Estados Unidos ni Canadá se han sometido nunca a la Comisión ni a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

2.- (La CIDH) No tiene ningún interés en torno a temas cruciales para la sociedad como el derecho al trabajo, a la tierra, al agua, a la educación, a la seguridad social, a la cultura o a cualquier otro que garantice vida digna, justicia social y equidad.

3.- Para la CIDH el tema de la intromisión británica en las argentinas islas de Las Malvinas es asunto vetado. De eso no se habla porque la reina puede molestarse.

4.- La CIDH no se interesó por la vida del presidente de Honduras, Manuel Zelaya, o de su familia cuando fue secuestrado y depuesto.

Por su parte, República Dominicana también dejó a la CIDH en 2014 y Perú buscó lo mismo pero tuvo errores de proceso. Colombia lanzó duras críticas hacia la Corte IDH tras la sentencia del caso Mapiripán cuando afirmó, apresuradamente, que 49 personas habían muerto y sin embargo fueron halladas con vida un tiempo después. De ese tamaño, sus imprecisiones.

Podemos ver que la CIDH no obra de buena fe en la región. Que se muestra a todas luces como una organización antihispánica, pues ha criticado a Trinidad y Tobago por aplicar la Pena de Muerte mientras que con Estados Unidos hace mutis.

La CIDH tiene su sede en Washington D.C. pero su vista fija en el exterior. Obstruye procedimientos jurídicos contra delincuentes y denosta con informes sesgados a las Fuerzas Armadas de países latinoamericanos.

Tal es el caso de Perú, donde el Estado ya ha desembolsado más de 16 millones 545 mil dólares para pagar indemnizaciones (dispuestas por la CIDH) a multihomicidas y secuestradores de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Los libera y, encima, pide que los recompensen.

Más recientemente en Ecuador, se evidenció cómo el accionar de la CIDH funciona "a la carta". Medios locales han dado constancia de que cada vez que se emite un informe en contra del gobierno nacional, la CIDH actúa de forma instantánea. Pero cuando un grupo de ciudadanos de la comunidad Shuar presenta demandas por destrucción de la selva amazónica para construir una vía, la respuesta no llega.

Queda claro que México no está solo en sus desencuentros con la CIDH y queda aún más claro que la CIDH es repudiada en toda América Latina. Tan así, que Brasil ha calificado las medidas cautelares de dicha comisión como "precipitadas e injustificables".

El concepto de los Derechos Humanos es loable, válido e importante para nosotros como seres humanos. Pero la CIDH lo ha convertido en consigna política y peor, en un negocio muy redituable.

Rubén Cortés, director del periódico La Razón, publicó el 18 de agosto pasado lo siguiente:

Los expertos de la CIDH (que reciben del Estado mexicano un millón de dólares para que lo investigue por el caso Iguala) pidieron ayer más tiempo para sus pesquisas sobre el asesinato de los 43 normalistas. ¿Por qué? Porque quieren ganar otro millón de dólares.

Sólo el dinero explicaría su petición de prórroga, pues a lo último que se aferran para continuar su trabajo es la presunta participación de militares en el crimen, aunque en ese punto de la indagatoria parecen perdidos en un campo de lechugas.

Y continúa más adelante:

La verdad es que al lamentable asesinato de Iguala ha seguido una derrama de dinero, aún cuando se encuentran presos 105 de los autores intelectuales y materiales. Pero el gobierno mexicano paga un millón de dólares a los expertos de la CIDH y otro millón al equipo de forenses argentinos.

Eso sin contar que a estos últimos les paga además una flotilla de camionetas y dos helicópteros, pese a que sólo dominan cuestiones de antropología, criminalística y genética, pero nada de balística y otras 23 especialidades relacionadas con la investigación.

¿Qué quiere ocasionar la CIDH en México? ¿Acaso desacreditar a las instituciones mexicanas y echar abajo los procesos penales contra más de 100 individuos que fueron hallados culpables de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa? 

¿Eso pretende la CIDH? ¿Liberar a los delincuentes? ¿También pedirá indemnización para ellos? Con su historial, la CIDH se presta para eso y más.

Quizá estemos equivocados y el acrónimo de la CIDH no se refiera a una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino a una Camarilla Interamericana Defensora de Homicidas. Porque así todo tendría mayor sentido.

Imagen de: